La socialista Martínez Aguayo pide salir de prisión y dejar su condena por los ERE en inhabilitación

La ex consejera de Hacienda de la Junta socialista de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, en prisión desde el pasado 29 de diciembre por el caso ERE, ha solicitado a la Audiencia de Sevilla la revisión de la condena para su absolución del delito de malversación en concurso con prevaricación, con el mantenimiento, eso sí, de la pena de inhabilitación especial.

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, mediante la cual se modifica el delito de malversación de caudales públicos, la representación de la ex consejera indica en su escrito elevado a la Audiencia que «los hechos probados no tienen encaje en el nuevo tipo del artículo 432, pero aun si lo pudieran tener (…), acogiendo entonces una interpretación extensiva del tipo del artículo 432 del Código Penal que englobara también conductas como las descritas en los hechos probados de la sentencia, esos hechos encontrarían siempre mejor y más adecuado encaje en el artículo 433».

En ese sentido, su defensa pide revisar la condena impuesta, manteniendo los hechos declarados probados, pero absolviéndola del delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación, al objeto de que sólo pese sobre ella «la única pena de inhabilitación especial» que ya se le impuso.

Subsidiariamente, solicita su absolución del delito de malversación de caudales públicos y que se la condene en su lugar por un delito «del actual artículo 433 del Código Penal, en su modalidad agravada, en concurso con un delito de prevaricación, revocando la condena (inicial) de prisión y condenándola a una pena de dos años, seis meses y un día de prisión e inhabilitación especial de cuatro años y un día».

Cabe recordar que Martínez Aguayo, primera condenada por el caso ERE en entrar en prisión, cumple una condena de seis años y dos días de cárcel por un delito de malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos incentivados por la Junta socialista de Andalucía y las ayudas arbitrarias a empresas.