La Sevilla socialista y la Cádiz de Kichi, paraísos okupas: acumulan el 50% de estos delitos en Andalucía

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 30/10/2022 11:52
  • Actualizado: 30/10/2022 11:56

Andalucía es la segunda comunidad con más okupaciones denunciadas durante el primer semestre de este año, hasta alcanzar las casi 1.300. Pero preocupan especialmente la situaciones en Sevilla y Cádiz, ya que entre las dos acumulan casi la mitad de las okupaciones de toda la provincia: entre las dos, 627. Curiosamente, se da la circunstancia de que la ciudad de Sevilla está gobernada por los socialistas, mientras que Cádiz lo está por el anticapitalista José María González ‘Kichi’. 

En España se denunciaron cerca de 9.000 ‘okupaciones’ en inmuebles entre enero y junio de este año, casi la mitad de las cuales tuvieron lugar en Cataluña, que se situó por delante de Andalucía, la segunda comunidad con mayor número, hasta 1.276, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior.

En concreto, el número total de denuncias por ocupación de inmuebles registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascendió en ese periodo a 8.857. De ellas, 3.770, el 42%, tuvieron lugar en Cataluña, con la provincia de Barcelona a la cabeza. Allí se contabilizaron 2.838, más del triple que en Madrid, que, con 813, es la segunda provincia de España con más ocupaciones.

La segunda comunidad en las que se denunciaron más hechos de este tipo en el primer semestre del año fue Andalucía, con 1.276 (el 14% del total). Destacan las 402 de Sevilla (con la capital hispalense como principal foco) y las 208 de Cádiz, la segunda provincia con menos habitantes de la comunidad y también con su capital, la Cádiz de ‘Kichi’, como principal foco de los okupas. También destaca la provincia de Málaga, cuya capital está gobernada por el PP, con 225 okupaciones en el primer semestre, si bien es cierto que por población queda en nada respecto a Cádiz: Málaga tiene 1.695.651 habitantes y tuvo 225 okupaciones, es decir, una tasa de una okupación por cada 7.536 habitantes. En Cádiz, con 1.245.960 habitantes y 208 okupaciones, tienen una tasa de una okupación por solo 5.990 habitantes, una cuota más preocupante que la malagueña. En Sevilla (1.947.852 habitantes), por su parte, esta tasa queda en una okupación por cada 4.845 habitantes, la más alta de toda la comunidad.

Comunidades

En la Comunidad Valenciana las denuncias llegaron a las 1.093 (el 12%): 567 en Valencia, 367 en Alicante y 159 en Castellón. La cuarta en el ranking es la Comunidad de Madrid (con 813, el 9,1%), seguida de Castilla-La Mancha (387, el 4,3%), Murcia (338, el 3,8%) y Canarias (250, el 2,8%).

La comunidad con menos ocupaciones fue La Rioja, que registró 24 denuncias por este motivo. En Asturias hubo 31, en Cantabria 44 y en Navarra 51.

Teruel es la única provincia en la que no se denunció ninguna ocupación en el primer semestre del año. En Soria y Zamora hubo tres; en Melilla, cinco; en Ourense, seis y en Ceuta, siete.

Pisos vacíos

Estos son los datos que el Gobierno ha remitido a los diputados de Vox que pidieron conocer los motivos del alto número de okupaciones en Cataluña. En su respuesta, Interior achaca «el incremento de este tipo de delitos en los últimos años» a la «coincidencia de diversos factores».

En concreto, destaca dos: que hay un «elevado número de inmuebles vacíos» y también de «personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo por la situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria de la Covid, la crisis de logística y de producción internacional», agravada por la invasión de Ucrania, y su «grave impacto sobre el precio de la energía y en los productos alimenticios básicos».

Con respecto a las medidas a adoptar para combatir este fenómeno
delictivo, Interior recuerda que en 2020 la Secretaría de Estado de Seguridad estableció un protocolo específico para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles y que la Fiscalía General también impulsó una instrucción en el mismo sentido para orientar en el proceder de las actuaciones judiciales.