El PSOE no quiere que los que roban luz y cultivan marihuana vayan a la cárcel: «No hay que criminalizar»

El PSOE de Andalucía ha votado en contra de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP para que el Parlamento de Andalucía solicite al Gobierno una modificación del Código Penal que endurezca las penas a quienes se enganchen ilegalmente a la red eléctrica para alimentar plantaciones de marihuana, una problemática cada vez más común y que conlleva constantes cortes en el suministro. A pesar de la oposición de los socialistas, la PNL se ha aprobado con la mayoría del PP en la Cámara y el apoyo de Vox.

El PSOE ha justificado su postura señalando que incrementar las penas «no es la solución», ya que «no hay que criminalizar» a los barrios protagonistas del fraude eléctrico. «No pueden pagar justos por pecadores», argumentaba este miércoles la diputada socialista Pilar Navarro.

Los casos de fraude eléctrico vinculados a plantaciones de cannabis en Andalucía arrojaron 922 actuaciones en 2021, una media de 2,52 intervenciones diarias y el 56% de las efectuadas en territorio nacional. Endesa recuperó en la región más de 35 millones de kWh de energía defraudada, similar al consumo de 10.000 hogares o al de poblaciones enteras como Salobreña (Granada), Fuentepalmera (Córdoba) o Torredonjimeno (Jaén).

La propuesta del PP aboga por modificar el tipo básico del artículo 255 del Código Penal sobre defraudación de fluido eléctrico, en el que se señala que «será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica (…) valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación, alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores o empleando otros medios clandestinos». «Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses», añade.

La PNL busca crear «un nuevo tipo agravado basado no tanto en el valor de lo defraudado, sino en el perjuicio al interés público y a los usuarios que tenga como origen o consecuencia el cultivo y tráfico de drogas». Más concretamente, que «la graduación de la pena del tipo agravado del nuevo apartado del articulo 255 sea de 1 a 3 años de prisión y lleve aparejada de 6 a 18 meses de multa».

La labor de la Junta

La pasada semana, la portavoz de Energía del PP en el Parlamento Andaluz, Julia Ibáñez, recalcó que esta modificación del Código Penal supondría «asemejarnos a países europeos del entorno» en lo relativo al «delito de fraude de suministro eléctrico vinculado a organización criminal». Alemania contempla penas privativas de libertad de hasta cinco años, Italia lo equipara con el delito de hurto e impone penas de seis meses a tres años de cárcel y Francia, que lo considera robo, establece penas de tres años de prisión.

Según los datos facilitados por la popular, los enganches ilegales vinculados al cultivo de marihuana se han incrementado en todas las provincias andaluzas en 2023. En Málaga lo ha hecho un 200%, en Cádiz un 196%, en Almería un 90%, en Sevilla un 65%, en  Jaén un 56% y en Granada un 54%. Ibáñez detalló que una plantación de marihuana de las que se cultivan en narcopisos consume la misma electricidad que 80 viviendas.

«En los últimos años se está detectando una profesionalización del fraude eléctrico agravado fundamentalmente por la proliferación de plantaciones ilegales de cultivo de cannabis, lo que se traduce en grandes volúmenes de electricidad robada en plena crisis energética», apuntó Ibáñez en una nota.

«El hecho de que tengamos un marco legal más relajado en esta materia está provocando, entre otras cuestiones, que mafias europeas se estén asentando en el país con el incremento cada vez mayor de manipulaciones ilegales de contadores», lo que acarrea «consecuencias negativas para la sociedad como incendios, interrupciones constantes de suministros, daños en estructura de edificios para conectarse ilegalmente a la red y violencia creciente por parte de estas mafias que operan en esos entornos».

Este problema, advirtió, «afecta a prácticamente todas las comunidades autónomas, y en el caso de Andalucía hay provincias que lo sufren especialmente, como son Almería, Granada y Sevilla».

De igual forma, Ibáñez afirmó que la Junta «sí cumple con sus competencias en esta materia, como se demuestra con la aprobación de los Planes Generales de inspección en el área de energía (el último corresponde al bienio 2023-2024)».

En este sentido, resaltó que el Ejecutivo de Juanma Moreno «lleva a cabo labores permanentes de vigilancia y supervisión para que la empresa distribuidora cumpla con la calidad del suministro y la ejecución de las inversiones a las que se ha comprometido, e impulsa las mesas de trabajo de carácter técnico con las subdelegaciones del Gobierno con mayor rigor, responsabilidad, máxima lealtad y colaboración institucional».

No obstante, «es necesario que a todo lo que está haciendo el Gobierno andaluz se sume una reforma legal acorde que permita reducir y eliminar este problema de base delictiva derivada del uso fraudulento de la red por estas organizaciones», zanjó la portavoz de Energía del PP.