Sentencia caso ERE

El PP-A exige que Griñán cumpla la condena a prisión: «No hay ciudadanos de primera y de segunda»

Maracena
Antonio Repullo, secretario general del PP-A.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha afirmado que «las sentencias están para cumplirlas», después de hacerse pública este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo (TS) -puede leerla aquí- sobre el caso ERE, que ratifica la condena a prisión del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y de otros ocho exaltos cargos socialistas por el desvío de 680 millones de euros destinados inicialmente a los parados andaluces.

En referencia al ingreso en prisión de Griñán, condenado por delitos de prevaricación y malversación, Repullo ha apuntado que ha de hacerse efectivo a fin de evitar «agravios comparativos entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda». Además, el secretario general del PP-A ha instado al PSOE-A a «pedir perdón a los andaluces» ya que «lleva una década sin hacerlo».

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Repullo ha señalado sobre la posibilidad del indulto a Griñán que si «a Pedro Sánchez le interesa indultar a un compañero, entiendo que quiere que el indulto se produzca», pero «se tiene que cumplir la sentencia como la que tiene que cumplir cualquier español».

El dirigente del PP-A, que ha presentado a su partido como «respetuoso con las decisiones judiciales», ha apuntado sobre el indulto que la decisión final del Gobierno estará marcada por «el barómetro electoral» y Sánchez «indultará a sus compañeros en tanto en cuanto le beneficie, no porque mire los intereses de España, de Andalucía ni los de Griñán». «Él va a mirar sus propios intereses, si le interesa les indultará», ha remarcado.

Repullo ha lamentado que «nos encontramos con la confirmación de algo muy negativo para Andalucía, para todo el país. Se confirma el caso de corrupción más importante que ha habido en España en toda su historia, escenificado por un gobierno socialista en la Junta de Andalucía que gobernaba para sí, para montar una estrategia de fondos públicos destinados a dopar elecciones y salir dopado a las elecciones autonómicas».

Así, la voluntad de su partido es «pasar página» ya que «estamos en un periodo de ilusión» liderado por la Junta del cambio. «No vamos a permitir que se engañe a los andaluces, que se nos diga que Griñán y Chaves eran personas honradas e inocentes. Vamos a exigir que el PSOE pida perdón, lo dice la sentencia del Tribunal Supremo», ha zanjado.

TS: Griñán sabía de la «ilegalidad»

El Tribunal Supremo ha asegurado que Griñán tenía «conocimiento de la ilegalidad» del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su «pasividad» ante el «despilfarro y la arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas, según consta en la sentencia de 1205 folios que se ha dado a conocer este miércoles y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio.

El Alto Tribunal ha confirmado así la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los expedientes de regulación de empleo (ERE).

En la resolución consta que se mantiene la pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación para Chaves. Para Griñán, por su parte, se confirman los seis años de cárcel por prevaricación y malversación, aunque su familia ya ha presentado la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.

El fallo aclara que los acusados «no han sido condenados por razón de su cargo, sino por haberse probado los distintos presupuestos típicos de los delitos imputados y por haberse acreditado que actuaron con pleno conocimiento de los hechos».

La decisión de la Sala cuenta con el voto particular discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes han considerado que se deberían haber estimado parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

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