Moreno y Marín ven privilegios y trato desigual entre comunidades sobre la renta mínima básica

La Junta de Andalucía, con Moreno y Marín al frente, ven privilegios y trato desigual entre comunidades respecto a la renta mínima básica establecida por el Gobierno. No destacan llevar al Constitucional este trato desigual porque desde Gobierno dicen que País Vasco y Navarra están más preparadas para llevar a cabo esta renta mínima.

Por todo ello desde la Junta de Andalucía se han molestado, si bien el real decreto de esta medida del BOE reconoce la implicación de comunidades autónomas y entidades locales para poner en práctica la renta mínima básica.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que la comunidad está perfectamente preparada, ya que lleva casi 30 años gestionando servicios sociales y tiene capacidad técnica y solvencia para hacerlo.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, amenazó con llevar la posible regulación estatal del IMV ante el Tribunal Constitucional. En declaraciones a Europa Press, Marín exigió para Andalucía «el mismo trato» que a los territorios forales. «No creo que Navarra o País Vasco sean más inteligentes», estableció.

Hay otras comunidades que también se han visto molestas por estas supuestas discriminaciones. El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado «en absoluto desacuerdo» con «los privilegios cedidos al País Vasco para contentar al PNV», renta mínima incluida.

Hay que recordar que la nueva consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, impulsó cambios para resolver el atasco, como contratar a 1.260 efectivos. A finales de 2019, se han presentado 49.876 solicitudes, se han resuelto 42.420 y concedido 19.897. Y se ha extendido esta ayuda urgente a familias afectadas por la crisis del Covid-19.

A destacar que el ingreso mínimo vital es compatible y complementario con la renta autonómica y con otros subsidios, como el agrario.

El Gobierno establece que Ingreso Mínimo Vital garantiza a los hogares una renta mínima de entre 5.538 y 12.184 al año. Y con ello se sacará de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas.