La Junta eleva su petición de cárcel para dos ex alcaldes del PSOE por una ayuda ilegal de 750.000 €

La Fiscalía ha fijado finalmente en cuatro años y un mes de cárcel su petición de pena para los ex alcaldes socialistas de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) Emilio Amuedo y Antonio Maestre por una presunta ayuda ilegal de 750.000 euros recibida por el ayuntamiento con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, de la que se nutría la trama del caso ERE. La Junta de Andalucía, por su parte, solicita seis años de prisión.

Este viernes ha tenido lugar la última sesión del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra Emilio Amuedo Moral (alcalde de Los Palacios entre 1994 y 2004), Antonio Maestre Acosta (alcalde palaciego entre 2004 y 2011) y Trinidad Rodríguez Velasco por su papel como interventora municipal.

En su escrito de calificaciones provisionales, la Fiscalía reclamaba seis años de prisión para cada uno de los tres acusados, a quienes considera autores de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, pero a la hora de las conclusiones finales, el fiscal encargado del caso les ha atribuido el papel de cooperadores necesarios en su condición de «extraneus», por lo que solicita cuatro años y un mes de cárcel para cada uno de ellos, así como 12 años de inhabilitación absoluta y ocho de inhabilitación especial para cargo o empleo público, petición ésta a la que se ha adherido el PP-A como acusación popular.

Por su parte, la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha subido sus peticiones de condena, ya que en su escrito inicial de calificaciones provisionales solicitaba cuatro años de cárcel para los acusados y en sus conclusiones ha pedido seis años y un día de prisión para cada uno de ellos.

Ayudas para un centro ecuestre

En su informe final, el fiscal ha señalado que en marzo de 2003 Emilio Amuedo, como alcalde de Los Palacios, firmó un protocolo de intenciones con Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo (condenado por el caso ERE y fallecido en 2020), para que la Junta de Andalucía apoyase económicamente el proyecto planeado por el ayuntamiento para levantar un centro ecuestre en la localidad.

Pero lo hizo sin que figurase ningún «plan de viabilidad», pese a que tal extremo se trata de una «exigencia reglada» por las leyes de ayudas públicas. Tras ello, Guerrero firmó como director general de Trabajo un acuerdo con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) a fin de que esta entidad pagase más de 901.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para el proyecto del centro ecuestre con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos. Posteriormente, el ayuntamiento recibió «tres pagos por importe total de 750.000 euros», pero sin que el consistorio formase parte de este segundo convenio, según sostiene la Fiscalía.

Los tres pagos

Concretamente, en 2004, cuando aún era alcalde Emilio Amuedo, el ayuntamiento recibió 50.000 euros y ya en 2005, con Antonio Maestre al frente, obtuvo sendos pagos de 200.000 y 500.000 euros. Los fondos fueron destinados a este municipio sevillano sin que hubiese ninguna convocatoria oficial de ayudas ni solicitud formal de fondos por parte del consistorio, según el fiscal. Tampoco había memoria justificativa ni documento de concesión por parte de la Junta ni aceptación de los fondos por parte del ayuntamiento. Nada de nada. Todo sucedió con una «omisión total y absoluta» de los procedimientos reglados a los que están ceñidos las subvenciones públicas.

A tal efecto, el Ministerio Público señala que «por el hecho de ser alcaldes», Amuedo y Maestre eran conscientes de que las ayudas públicas están sujetas a toda una serie de formalidades como las descritas. Amuedo alegó en el juicio que confiaba en Guerrero por el cargo que éste ostentaba como director general de Trabajo, y que fue la Junta de Manuel Chaves la que «encauzó» todos los trámites.

El fiscal recalca que los fondos autonómicos recibidos por el ayuntamiento incurrían en una «causa de nulidad» y el ingreso de los mismos fue «indebido e ilegal», ya que la entonces interventora municipal «debió poner reparo» formal a dicho ingreso, pero no lo hizo, incurriendo así en un «incumplimiento manifiesto de sus obligaciones» como habilitada nacional.

Maestre, sucesor de Amuedo en la Alcaldía, manifestó en el juicio que los pagos de 200.000 y 500.000 euros que la Junta realizó al ayuntamiento durante su etapa al frente del mismo fueron ingresados sin que la Administración andaluza «especificase» que se trataba de fondos concretos para el proyecto del centro ecuestre. A este respecto, el fiscal ha señalado que, como primer edil, Maestre no podía «desconocer» a qué correspondía «una cantidad tan grande de dinero» público.

Además, el fiscal ha recordado que Maestre llegó a remitir a Guerrero el proyecto básico del centro ecuestre, extremo que el ex alcalde atribuía a los técnicos municipales. Según su versión, su papel se redujo a firmar el documento.

Maestre aseguró ante el juez que dicho dinero fue destinado a sufragar «el día a día» del consistorio, siempre a «gasto público», pero no ha convencido al fiscal, que en su informe final ha destacado que los fondos fueron aplicados a pagar «deudas» del Ayuntamiento de Los Palacios, un fin a todas luces «indebido e ilegal».