El juez investiga nuevas subvenciones irregulares de la Junta socialista por valor de casi 7 millones

El Juzgado número 6 de Sevilla ha abierto Diligencias Previas por la presunta perpetración de los delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación contra cuatro exdirectores de Formación en Andalucía por una subvenciones presuntamente irregulares por valor de casi 7 millones de euros.

El objeto del procedimiento viene constituido por la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) entre 2007 y 2012.

Actuaciones formativas, dice el juez, que «no eran ejecutadas directamente por el Consorcio CTI, sino que estaban adjudicadas a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE)». Todo esto, en virtud del Convenio de Colaboración CTI-FAFE, suscrito el 11 de septiembre de 2007 y firmado por el Presidente del Consejo Rector del Consorcio, el investigado Juan Manuel Bouza Mera, y el Director General Técnico de la FAFFE, el también investigado Fernando Villén Rueda. Sí, aquel que se gastó 15.000 euros de los andaluces en apenas dos días.

El juez, José Ignacio Vilaplana, entiende así que el consorcio centro de formación en técnicas industriales (CTI), habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular, que habrían sido otorgadas por los correspondientes titulares de la Dirección General de Formación para el Empleo (DGFP) del SAE.

Concretamente, se investiga una subvención por importe de 1.243.212 euros, concedida el 7 de agosto de 2007, y dictada por el ex director general de Formación para el Empleo del SAE, Juan Manuel Fuentes Doblado, aunque por delegación, fue firmado por la Directora General de Planificación, Ana Isabel Arnaiz de las Revillas.

También se pone la lupa sobre la subvención por importe de 1.251.050 euros, concedida el 26 de noviembre de 2008, dictada por la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo, María José Lara González; sobre la subvención por importe de 1.190.000,00 euros, concedida el 1 de diciembre de 2009, por Manuel Brenes Rivas, director general de Empleabilidad y Formación Profesional; también sobre otra subvención de 1.138.593, concedida el 30 de noviembre de 2010 por el ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, Andrés Sánchez Hernández; otra subvención por importe de 900.854,00 euros concedida el 22 de diciembre de 2011 por María Teresa Florido Mancheño, ex directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo; otra ayuda por valor de 792.751,52 euros, dictada el 25 de junio de 2013 también por Mancheño.

Así, según se deduciría de lo actuado -destacando al respecto los Informes de Inteligencia Policial contenidos en atestado núm. 129/2017 de la Unidad Central Operativa (U.C.O.- Grupo de Delincuencia Económica) de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, «no se habría cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones para formación para el empleo, lo que se habría materializado, entre otras, a través de dos actuaciones fundamentales: El irregular libramiento de certificados de finalidad y a través del indebido dictado de Resoluciones de exoneración o exceptuación.

«Existen indicios de que se habrían emitido de manera generalizada sin un verdadero control de la actividad subvencionada por el órgano gestor, esto es, por el correspondiente titular de la Dirección General de Formación para el Empleo (DGFP), cargo que ostentaban los investigados María José Lara González y Andrés Sánchez Hernández, y que emitieron tales certificados», señala el escrito, que subraya, además, que «dado el sistema de control contable, se camuflaba ante la Intervención de la Junta de Andalucía el posible incumplimiento de los requisitos o condiciones de la subvención, sorteando el control que establece el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

Esto, según el juez, habría posibilitado que se pudieran recibir sucesivas subvenciones sin cumplir la condición de la previa justificación del destino de la subvención anterior. De este modo, ante las irregularidades detectadas, en especial, en relación a la indebida justificación del destino de las subvenciones concedidas, se inician a partir de 2013 los correspondientes expedientes de reintegro, respecto a la totalidad de las subvenciones concedidas por el SAE al CTI en 2007, 2008, 2009 y 2010, comprendiendo la cantidad total de 4.822.855,00 euros.

Estos expedientes de reintegro se inician debido a la revisión de los expedientes tras las «múltiples irregularidades» detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en su ‘Informe de Fiscalización de las subvenciones concedidas a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía. Ejercicios 2008 y 2009’.

La Cámara de Cuentas señala, entre otras, que las Resoluciones de concesión analizadas, incluidas las de concesión de subvenciones al Consorcio CTI, carecen de motivación, aún cuando en el texto de las mismas se indique que “para el estudio técnico y cuantificación de la subvención solicitada se han observado todas las normas legales de obligado cumplimiento”.

De este modo, “el SAE, a la hora de asignar los recursos, no utiliza estadísticas ni indicadores comparativos para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, ni memorias relativas al coste de la actuación. Así, aunque se exige que el beneficiario presente el coste del proyecto a subvencionar, el importe que se concede coincide, al 100%, con el presupuestado”.

Respecto a la justificación de los fondos recibidos, señala que “faltaban la mayoría de los documentos que certificaban el importe total de la subvención recibida o bien, los que se encontraban en el expediente estaban fuera de plazo”.

“Los consumos generales, como la telefonía y limpieza de todos los centros de la FAFFE de Cádiz, se imputan a la cuenta justificativa del consorcio, lo que imposibilita identificar y, por lo tanto, cuantificar el coste real del consorcio», añaden.

Guardia Civil

De este modo, se acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (U.C.O.- Grupo de Delincuencia Económica) de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil a fin de que continúe con la práctica de diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos y, en particular, para que lleve a cabo el correspondiente análisis de los expedientes de subvención objeto principal del presente procedimiento. Actuación que deberá llevarse a cabo en colaboración con el correspondiente Interventor de la Junta de Andalucía que habrá de ser designado conforme a lo anteriormente expuesto, y quien deberá emitir Informe sobre las posibles irregularidades producidas en la concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el SAE al CTI en el periodo 2007 a 2012.

Asimismo, se acuerda librar oficio también a la Unidad Central Operativa (U.C.O.- Grupo de Delincuencia Económica) de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil a fin de que, a la mayor brevedad, recabe de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la Información y documentación que, a la vista del resultado de las diligencias hasta la fecha practicadas, se estima pudiera ser relevante para el pleno esclarecimiento de los hechos.

También se considera pertinente que dicha Unidad Policial proceda a la identificación y toma de manifestación de las personas cuya declaración ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal, toda vez que, salvo el Sr. Sordo Díaz, el resto sólo constan citados y referenciados por las personas a las que la U.C.O. sí ha tomado declaración.