El juez cita a dos concejales y tres ex ediles del PSOE de San Juan por prevaricación y malversación

El Juzgado de Instrucción nº 14 de Sevilla tiene fijadas para este viernes las comparecencias de cinco investigados, dos concejales socialistas del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y tres ex ediles, también del PSOE, como presuntos autores de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el convenio firmado por el Consistorio con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía para que dicha entidad se encargase de la gestión de la moneda social Ossetana. El alcalde, el socialista Fernando Zamora, ya declaró por estos hechos.

La citada instancia judicial indaga las denuncias interpuestas por el PP y Vox con relación a la gestión de esta moneda, una supuesta herramienta de apoyo social a las personas desfavorecidas de la localidad. Según Vox, «hay muchos gastos que no se corresponden con la finalidad de la moneda Ossetana, correspondiendo a gastos en bares y verbenas», así como compras «que no se corresponden con alimentos de primera necesidad, tales como botellas de bebidas alcohólicas», e incluso «parece ser que algunos beneficiarios de esta moneda no son vecinos del municipio de San Juan».

En un auto emitido el pasado 9 de marzo, el juzgado cita para este viernes al actual edil de Planificación urbana, Infraestructuras, Recursos Humanos, Hacienda y Estadística, Fernando Pozo; junto con los ex ediles Francisco Amadeo Martínez y Alicia del Carmen Ruiz Madolell; la actual concejal de Régimen Interior, Economía y Desarrollo Local y Turismo, María José Quesada; y la ex edil María Rocío León, todos ellos del PSOE.

Para el día 22 ha citado al también ex capitular Francisco Javier Ortega y la actual responsable municipal de Bienestar Social, LGTBI y Diversidad, Políticas de Mayores e Integración, Salud y Consumo, Inmaculada Serrano Bartolessi; así como al actual concejal de Educación, Infancia y Voluntariado, Manuel Ramos; a la delegada municipal de Relaciones Institucionales, Presidencia, Formación e Igualdad, Natividad Martín García; y al edil Claudio Manuel López, responsable de Deportes, Transición Energética y Medio Ambiente.

Para el día 27 de marzo cita finalmente a José Alonso Garrido Pérez, actual edil de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad; a María Francisca Aparicio Cervantes, concejal de Cultura, Fiestas Mayores, Participación Ciudadana y Protocolo; y a un representante de la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía.

Con estas citaciones, figuran como investigados en la causa todos los ediles socialistas de San Juan, entre ellos el alcalde, Fernando Zamora (PSOE), que ya compareció en 2021.

Informe de la Guardia Civil

Para ello, «se les ha hecho entrega del correspondiente informe de la Guardia Civil», un informe que según los partidos denunciantes confirma que se trata de un caso de «corrupción» y según los socialistas descarta que medie malversación de caudales públicos.

Las mencionadas denuncias iniciales Vox y PP derivan de un informe emitido por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan sobre el convenio firmado por dicha administración con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, al objeto de que tal entidad se encargase de la gestión de la moneda social Ossetana.

La versión del PSOE

Frente a dicho informe desfavorable y las denuncias judiciales, el gobierno local del PSOE explicaba en 2021 que esta moneda social había contado desde su creación en 2014 con unos 213.000 euros aportados por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía o La Caixa, para ayudar a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad a adquirir productos básicos.

Según el equipo de gobierno, el mencionado informe de los habilitados nacionales no alude a ningún desvío de fondos, defendiendo que «ni un solo euro de los presupuestados para el programa de la moneda Ossetana ha sido destinado a usos ajenos al interés general y siempre se han otorgado las prestaciones según los informes previos de los servicios sociales».

Pero después de que en marzo de 2021 el alcalde, el socialista Fernando Zamora, prestase declaración ante el Juzgado de Instrucción nº 14, manifestando que desconocía que el modelo de gestión de la moneda motivase incidencias y que dicho programa fue suspendido una vez conocido el informe de los habilitados nacionales, el juzgado ha citado como investigados a los ocho concejales socialistas restantes miembros del Gobierno local.