Condenada a prisión una ex concejal socialista y su hijo por desviar subvenciones de parados andaluces

Al PSOE andaluz (PSOE-A) le crecen los enanos en plena campaña electoral. Y es que se ha confirmado en los juzgados un nuevo caso de corrupción socialista, la de la ex concejal del PSOE de Almonte, Ana María Orihuela, que ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión por el desvío de subvenciones millonarias para formar a los desempleados andaluces que la Junta de Andalucía concedió al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) en los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Además, todo queda en familia, toda vez que también han sido condenados el hijo y el sobrino de la ex concejal socialista.

Así, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que el pasado invierno celebraba un juicio por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación en la gestión del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambíental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva), ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a su exgerente socialista Ana María Orihuela; a dos años de cárcel al hijo de la misma, Manuel Ramírez Orihuela; y también a su sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela; y a dos años y medio al también acusado Juan Francisco Millán, veterinario y docente en dicho centro.

Así figura en una sentencia emitida este pasado 7 de junio por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que precisa que la exgerente de Formades, en concreto, resulta declarada autora de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con lo que se le condena a cuatro años de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación especial.

También se le condena a que indemnice a la Junta de Andalucía con 40.078,16 euros y solidariamente respecto de la cuantía defraudada cometida por cada uno de los acusados, que alcanza la cifra global de 899.623,94 euros.

Su hijo es declarado cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo condenado a dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y a indemnizar a la Junta con 452.895,82 euros; mientras su sobrino resulta condenado a las mismas penas de cárcel e inhabilitación, con la misma tipificación, pero con una indemnización de 38.495,94 euros para la Junta.

Juan Francisco Millán Lozano, también acusado, resulta declarado cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo condenado a dos años y medio de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación especial y una indemnización de 408.232,18 euros en favor de la Junta.