Narcotráfico

El Gobierno pide «tranquilidad» ante las narcolanchas mientras los agentes estallan: «Siguen impunes»

La AUGC denuncia que los narcos siguen campando a sus anchas, "sin ley que les frene" y con el Gobierno de "vacaciones"

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Narcolanchas en la costa de Almería (AUGC/EFE).
David García de Lomana

Tras un nuevo ataque de los narcos a la Guardia Civil en Andalucía y las continuas denuncias de los agentes, que se ven «completamente vendidos» ante la escalada de violencia en el sur de España, el Gobierno ha optado por trasladar un mensaje de «tranquilidad» y «confianza». Pero casi dos meses después de la tragedia de Barbate, los efectivos siguen sin medios para hacer frente a las mafias. Los sindicatos de la Benemérita acusan al Gobierno de Sánchez de estar de «vacaciones» mientras las narcolanchas campas a sus anchas en el litoral andaluz.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha pedido este lunes «tranquilidad a la población» ante la presencia en los últimos días de narcolanchas buscando refugio del temporal en calas del entorno de Cabo de Gata, y ha enviado un «mensaje de confianza» al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra las mafias que operan en el litoral almeriense, ya sea traficando con drogas o con seres humanos.

El subdelegado ha querido poner «en valor» la «importantísima labor» de la Guardia Civil y ha destacado que «el hostigamiento que se está llevando a cabo» sobre los narcos es «palpable». El «compromiso» del Gobierno de Sánchez «para atajar» esta delincuencia pasa por la «inclusión» de la provincia de Almería «dentro del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar», ha explicado Martín, que espera que «muy pronto puedan verse resultados tangibles» y la actividad del narco «quede reducida a la mínima expresión».

Nuevo ataque a la Guardia Civil

El pasado jueves, el narcotráfico volvía a desafiar a la fuerzas del orden embistiendo una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil durante una persecución en aguas próximas a Estepona (Málaga).

La patrullera detectó más de una decena de narcolanchas abarloadas en Manilva por el temporal y éstas iniciaron la huida, pero una de ellas no pudo escapar debido a un problema mecánico. Para evitar ser apresada, varias narcolanchas acudieron en su ayuda y se enfrentaron a la Guardia Civil, desencadenándose una persecución. La patrullera Río Belelle fue embestida durante la misma, aunque, en esta ocasión, sin consecuencias graves para la tripulación.

Dos días después de este suceso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaba la presencia de narcolanchas en las costas de Cádiz: «Continúan impunes, sin ley que les frene. Narcolanchas en Cala Arena, en Algeciras. Llevan ahí desde ayer, esperando que mejore el tiempo. El Gobierno, de vacaciones».

Además, durante el fin de semana las narcolanchas también se han dejado ver en otros puntos del litoral andaluz como Las Negras, en Níjar (Almería), Tarifa (Cádiz) o Estepona y San Pedro Alcántara (Málaga).

La Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno de Sánchez, y más concretamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mostrarse «incompetente e incapaz» de afrontar el «serio problema» del narcotráfico, que «ya no se extiende sólo a la provincia de Cádiz», sino que incide también «sobre zonas del río Guadalquivir, en Sevilla, y la provincia de Almería, donde se refugian las narcolanchas». Cabe recordar que Interior ha clasificado como secreto oficial las órdenes dadas a la Guardia Civil el día del doble asesinato en Barbate.

Entretanto, tanto Vox como el PP han registrado en el Parlamento andaluz sendas proposiciones no de ley para reclamar al Gobierno de Sánchez que declare como profesión de riesgo el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. «No es de recibo que los narcos se paseen por nuestras costas», ha defendido este lunes el diputado del PP-A José Ricardo García. Por su parte, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado las «continuas faltas de respeto a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». «Faltan medios materiales y humanos y hace falta un cambio de legislación», ha sentenciado.

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