El Gobierno de Ceuta concede una subvención de 95.000 € a una entidad islámica vinculada al yihadismo

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 15/11/2025 11:29
  • Actualizado: 15/11/2025 11:35

El Gobierno de Ceuta de Juan Vivas (PP) ha incluido en el proyecto de Presupuestos de 2026 una subvención nominativa de 95.000 euros para la asociación islámica Iman Warsh, un centro cultural dedicado a la enseñanza del árabe y del Corán con cerca de 600 alumnos.

La inyección de dinero público a entidades islámicas es habitual en la ciudad autónoma (1.026.100 euros en 2025 y otros 1.525.473 euros previstos en las cuentas de 2026, medio millón más), pero la subvención a Iman Warsh llama especialmente la atención: no sólo arrastra un largo historial de expedientes rechazados por falta de documentación, sino que en el pasado estuvo vinculada a un caso de captación yihadista investigado por la Guardia Civil.

En diciembre de 2015, en la operación Gungan contra el terrorismo islamista, la Guardia Civil arrestó al hermano del actual director del centro cultural por captar menores y mujeres para incorporarse a las filas del Daesh. El detenido utilizaba el centro y su círculo social como punto de contacto y adoctrinamiento en el Islam radical, introduciendo a jóvenes en el ideario salafista-yihadista, construyendo un vínculo de obediencia al Daesh y preparando desplazamientos a Siria e Irak. El hombre –español de 34 años– pactó con la Fiscalía y fue condenado a cinco años de prisión por colaboración con la organización terrorista Estado Islámico.

Aquella operación antiterrorista provocó que el Gobierno de Ceuta, por «razones preventivas», suspendiera la subvención que tramitaba para Iman Warsh. Meses después, en 2016, el Ejecutivo ceutí levantó el veto amparándose en informes que nunca hizo públicos. Vivas afirmó que las «dudas» sobre «hipotéticas conexiones» se habían «disipado».

Desde entonces, la organización intentó sin éxito acceder a ayudas públicas mediante concurrencia competitiva. En todos los casos las solicitudes fueron descartadas por no reunir la documentación mínima exigida. El último rechazo se produjo este pasado verano, cuando la Consejería de Educación volvió a excluir a Iman Warsh por idéntico motivo.

Ahora, tres meses después, sin justificación política clara y con un procedimiento que elimina la obligación de justificar gastos, el Gobierno de Ceuta plantea una aportación directa de 95.000 euros a un centro cuya actividad ha sido señalada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cuyo expediente administrativo acumula reiterados incumplimientos.

El centro cultural Iman Warsh opera desde su sede en la calle República Argentina de Ceuta. No tiene página web, tan sólo un perfil en Facebook creado en 2013 y con apenas 1.400 seguidores en el que se definen como una «escuela para la enseñanza islámica con la metodología correcta» y disponible «para todas las edades y niveles».

Conocedoras de las «sospechosas» actuaciones que se llevan a cabo en Ceuta, fuentes policiales advierten de que los cuerpos de seguridad llevan tiempo siguiendo de cerca la concesión de determinadas ayudas en la ciudad autónoma, apuntando a beneficiarios vinculados a familiares de cargos políticos y empresarios locales. Según apuntan, unidades centrales policiales se han desplazado ya a la ciudad autónoma para recopilar información.

Este pasado lunes, mientras Alberto Núñez Feijóo se reunía con el Comité de Dirección del PP en Melilla para reclamar más presencia policial en Ceuta y Melilla, la consejera de Economía de Ceuta, Kissy Chandiramani, presentaba unas cuentas de 424 millones de euros que el Gobierno local llevará al Pleno el próximo miércoles, «basadas en la confianza, el crecimiento y la convivencia».

Con cierta ironía, las citadas fuentes admiten que Ceuta podría recibir pronto el refuerzo policial reclamado por Feijóo en Melilla, aunque con un objetivo distinto: investigar posibles irregularidades en el reparto de fondos públicos y destapar alguna «sorpresa». El Pleno del 19 de noviembre debatirá ésta y otras subvenciones que las autoridades policiales, con la lupa ya en la mano, catalogan de «dudosa legalidad».