Un ex sindicalista de UGT se enfrenta a 7 años de cárcel por desviar más de 1,5 millones de los ERE

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 05/03/2025 16:28
  • Actualizado: 05/03/2025 18:05

El ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, conseguidor de los ERE, se enfrenta a una pena de siete años de prisión por desviar 1.531.300 euros en ayudas públicas concedidas a la empresa Río Grande, dedicada a la explotación de restaurantes y bares. Para su mujer, Beatriz N. M., la Fiscalía pide seis años de cárcel. El inicio del juicio estaba previsto este miércoles en la Audiencia de Sevilla, pero la reciente designación del nuevo abogado de Lanzas ha obligado a suspender la vista. El tribunal, saturado, asume que no va a poder celebrarse próximamente.

En el presente caso figuran nueve procesados por delitos de prevaricación en concurso medial con delitos de malversación. Además de Lanzas y su mujer, el juicio se dirige, entre otros, contra María del Carmen García Sánchez, dueña de la empresa Río Grande; Carmen Fontela, que figuraba en el ERE pese a no estar en plantilla; Antonio Albarracín, ex directivo de la consultora Vitalia, y Francisco González, ex comercial de la consultora.

La Fiscalía pide para todos ellos más de 50 años de cárcel y que devuelvan a la Junta de Andalucía 1,53 millones de euros más los intereses de demora. Además, reclama los 155.605 euros que cobró la intrusa que se coló en el ERE, otros 93.000 euros a Lanzas y 26.000 más al socio de un bufete de abogados.

Un millón en beneficios un año antes

El Juzgado de Instrucción n.º 6 de Sevilla puso el foco en los fondos públicos que «de manera ilícita y fraudulenta» otorgó la Consejería de Empleo de la Junta socialista de Andalucía a Río Grande para que la empresa obtuviera «liquidez inmediata» pese a que la entidad obtuvo unos beneficios de 1,25 millones en 2004 y 21.500 en 2025, año del ERE.

Las ayudas, concedida por la Dirección General de Trabajo del ya fallecido Francisco Javier Guerrero, llegaron «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido». De hecho, la subvención «no consta formalmente» entre las facilitadas por la Junta, ya que se utilizó un sistema ilegal de pagos cruzados para el abono de primas de seguro, así que no quedó reflejada en la contabilidad de la agencia IFA-IDEA.

Además, el ERE fue autorizado por la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo sin que constase «el correspondiente informe del Servicio Público de Empleo Estatal», remarca el juez José Ignacio Vilaplana.

Aun sabiendo que las ayudas eran ilegales, Lanzas se valió de su cargo en UGT y de su papel como asesor del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís y de su papel como intermediario en la consultora Vitalia para «intervenir» en el asunto y «fomentar» el pago previas «gestiones» con los responsables de la Consejería de Empleo.

La empresa Atrado, propiedad del ex sindicalista, se utilizó «tanto para facturar como para recibir parte de los fondos públicos» y para «generar saldos disponibles en efectivo entregados a otras personas», para así «canalizar y encubrir las gratificaciones y remuneraciones» derivadas de la intermediación ilegal de Lanzas, apartado éste que abarca a su mujer, Beatriz N.M.

Además de la intrusa Carmen Fontela, Río Grande contrató a una mujer tres meses antes de cumplir los 65 años, edad que ya alcanzó cuando se autorizó el ERE. La empresa aceptó una indemnización por rescisión de contrato de 140.700 euros de media a cada trabajador, que en su práctica totalidad (90,7%) asumió la Junta de Andalucía.

Suspensión del juicio

Este miércoles, antes del inicio de la vista oral, el letrado de Lanzas ha pedido al tribunal su suspensión alegando que fue designado hace pocos días y no ha tenido tiempo suficiente para preparar debidamente su defensa.

Tras escuchar a las partes personadas (entre ellas la Fiscalía, que no se ha opuesto a la suspensión), el tribunal de la Sección Primera ha acogido la solicitud del abogado de Lanzas ante la «premura» de su nombramiento y para garantizar el derecho de defensa, ya que no aprecia «deslealtad» por su parte.

No obstante, la Audiencia ha reconocido que existe un «panorama oscuro» para celebrar próximamente el juicio, ya que «desgraciadamente» el tribunal cuenta con una carga de trabajo que no permitirá señalarlo en «fechas inmediatas».

La mayoría de las defensas se han adherido a las pretensiones de Lanzas, a excepción de la intrusa Carmen Fontela, cuya abogada ha sostenido que no concurrían los requisitos para la suspensión y que su representada, que tiene ya 80 años, lleva muchos esperando el juicio.