La ex delegada socialista del Gobierno en Ceuta señala a Marlaska por las repatriaciones ilegales

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 19/06/2025 16:35
  • Actualizado: 19/06/2025 16:35

La ex delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos (PSOE), aseguró este miércoles ante la Audiencia Provincial que recibió órdenes directas del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para llevar a cabo la repatriación de 55 menas marroquíes entre el 13 y el 16 de agosto de 2021, tras la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

Durante su declaración, Mateos afirmó que actuó bajo el amparo del acuerdo bilateral de 2007 entre España y Marruecos, y que fue el propio Marlaska quien dio la orden. Según sostuvo, remitió el documento al fiscal de menores sin recibir objeción: «Me dio tranquilidad que el fiscal también recibiera el escrito y no me dijera nada». Aseguró que desconocía que estuviera incurriendo en una ilegalidad.

Por su parte, Mabel Deu (PP), ex vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, también señaló a Interior y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, como responsables de impulsar la operación. «Me dieron las máximas garantías», declaró. Ambas insistieron en que no fueron advertidas de la ilegalidad del procedimiento.

La decisión de activar el acuerdo se debió, según Deu, al colapso del sistema de acogida y a la reclamación de los menores por parte de sus familias. Pese a sus dudas, dijo haber recibido garantías de Pérez de que la Fiscalía estaba informada.

Testigos como Juan Hernández, jefe de gabinete en 2021, confirmaron que las órdenes procedían de Madrid y contaban con el visto bueno de Pedro Sánchez. No obstante, técnicos como Antonia Palomo, del Área de Menores, advirtieron por escrito que las devoluciones sin estudios individualizados podrían constituir delito.

El entonces secretario general de la Delegación del Gobierno, Ismael Kasrou, admitió que se optó por una «vía alternativa» debido a la ineficacia del procedimiento legal ordinario. Mientras tanto, responsables del Ministerio de Derechos Sociales alertaron por escrito a Interior de que el operativo incumplía la normativa vigente.

La Fiscalía solicita para Mateos y Deu una pena de 15 años de inhabilitación por presunta prevaricación administrativa. El juicio continuará hasta este viernes.