Ceuta (PP) multará con hasta 3.000 euros a quienes faciliten falsos empadronamientos

Ceuta, gobernada por el PP, comenzará a sancionar con hasta 3.000 euros a todo aquel que facilite el empadronamiento a falso a terceras personas. El motivo de tal decisión obedece al sospechoso incremento poblacional en la ciudad autónoma entre 2008 y 2012.

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) está elaborando una Ordenanza Reguladora del Procedimiento Sancionador para los Incumplimientos de la Ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón que conllevará multas de hasta 3.000 euros para las personas físicas o jurídicas que den cobertura a falsos empadronamientos en la ciudad autónoma, donde se ha dado de baja o negado la inscripción de más de 14.000 personas desde 2012.

El texto de la nueva norma, a cuyo último borrador ha tenido acceso Europa Press, prevé considerar «infracción leve» la instrucción de «al menos dos expedientes de baja por inscripción indebida por falta de veracidad en la acreditación de la vecindad en el domicilio», lo que llevaría aparejadas multas de hasta 750 euros. Si los expedientes se elevan a tres o cuatro la sanción pecuniaria iría de 750,01 a 1.500 euros y, en el caso de llegar a cinco o más, se dispararía a hasta 3.000 euros.

La población censada en Ceuta creció exponencialmente entre 2008 y 2012, periodo en el que el número de empadronados pasó de 77.389 a 84.018, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Ejecutivo local puso entonces en marcha un plan sostenido de inspecciones aleatorias» que hasta principios de 2019 propició la baja o negativa de inscripción en el Padrón de más de 12.000 personas. Solo el año pasado se tramitaron

5.873 expedientes y se propusieron 2.333 expulsiones del censo, que se ha estabilizado entre 84.000 y 85.000 residentes. El Gobierno regional pretende ahora dar otro paso para incentivar «la corresponsabilidad ciudadana en materia de la dispensación de servicios públicos asistenciales o que conllevan un notable gasto en su gestión pública y cuyos destinatarios son aquellos ciudadanos que gocen de vecindad administrativa en nuestra ciudad».

El objetivo último de la nueva Ordenanza será contribuir a «establecer una concordancia entre la realidad demográfica existente entre población ‘de hecho’ y ‘de derecho’, así como mayor precisión en cuanto al número de ciudadanos empadronados que figuran en la ciudad autónoma y los que ulteriormente publica el INE».

El importe de las sanciones previstas tiene como finalidad «que la comisión de las infracciones a que den lugar no resulte más beneficiosa al infractor que el cumplimiento de la normas infringida». Se aplicarán tanto a personas físicas como jurídicas, así como a «quienes presten su consentimiento en proceder al empadronamiento o cambio de domicilio a sabiendas de su falta de veracidad».

Además, «la reiteración de conductas ilícitas, que dan lugar al disfrute de determinados derechos a terceros que sí estarían legitimados para ello podría conllevar implícita conductas tipificadas en el Código Penal tales como la de falsedad documental o la estafa».