La Cámara de Cuentas ve imposible conocer la dimensión del entramado de empresas públicas de la Junta de Susana Díaz
Hasta la Cámara de Cuentas de Andalucía señala en su informe de 2018, último de Susana Díaz al frente de la Junta, que el entramado empresarial del Gobierno del PSOE en la comunidad era indescifrable, toda vez que las propias empresas ocultaban sus participaciones minoritarias en otras empresas. Un tejido de entidades públicas que ni siquiera esta institución ha sido capaz de desentrañar.
El oscurantismo del entramado empresarial público de la Junta de Andalucía se pone de relieve cuando la información facilitada por la Consejería de Hacienda socialista «difiere de la facilitada por las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles». En este sentido, señala la Cámara de Cuentas, «no es posible garantizar el contenido y dimensión de la población de entidades minoritariamente participadas por la Junta de Andalucía».
«No es posible garantizar el contenido y dimensión de la población de entidades minoritariamente participadas por la Junta de Andalucía»
Respecto a las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles participadas, es decir, la empresas públicas, la Cámara de Cuentas andaluza advierte de que «son varias las que no ofrecen en sus memorias de cuentas anuales un detalle completo y actualizado de sus participaciones minoritarias en otras entidades». Cabe recordar, además, que una de cada tres de estas sociedades eran morosas.
En cuanto a ciberseguridad y protección de datos, «el 75,31% de entidades de la Junta de Andalucía no disponían en 2018 de política de seguridad Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)». Además, advierte la Cámara, «se incumple la normativa en relación con la organización de la seguridad TIC y, con carácter general, no se realizan las auditorías previstas en el artículo 34 del RD 3/2010, de 8 de enero, que verifiquen el cumplimiento de los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)».
Por otro lado, continúa la Cámara de Cuentas de Andalucía, «hay entidades que no han llevado a cabo la designación del Delegado de Protección de Datos(DPD), incumpliéndose el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre».
Un auténtico repaso del tribunal de cuentas andaluz a los socialistas que pone de relieve, no sólo el enorme entramado empresarial que, durante 37 años, habían tejido los socialistas andaluces, sino también la nefasta gestión de los fondos públicos y la completaºde la comunidad.
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