El alto cargo de la Junta socialista que gastó miles de euros en prostíbulos no declara en el juicio

Fernando Villén Rueda, ex director de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha comparecido este martes ante el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla como investigado en una causa por presunta malversación relacionada con irregularidades en la contratación de empresas y personal durante su gestión en la entidad pública, dependiente de la Junta de Andalucía. Villén, que ya arrastra una condena previa por el uso indebido de tarjetas bancarias de la Faffe para gastos en clubes de alterne, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante el juez instructor José Ignacio Vilaplana, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

Villén Rueda fue condenado en 2022 en la conocida como «pieza de las tarjetas» del caso Faffe, tras demostrarse que entre 2004 y 2010 utilizó fondos públicos de la fundación, destinada a la formación y el empleo, para gastos personales que incluyeron más de 31.000 euros en prostíbulos y locales de ocio nocturno. La sentencia, dictada por la Audiencia de Sevilla, le impuso una pena de seis años de prisión y el reintegro de las cantidades malversadas, además de inhabilitación para cargo público. Junto a él, también resultó condenada Ana Valls, ex directora económico-financiera de la entidad, por su implicación en el uso irregular de estos fondos. Ahora, Villén enfrenta una nueva investigación que amplía el foco a las presuntas prácticas ilícitas en la gestión de contratos y personal de la Faffe, en un periodo que abarca al menos los años 2008, 2009 y 2010.

La investigación, que sigue su curso, tiene pendiente la citación de Manuel Villén Rueda, hermano del ex director y ex director de Administraciones Públicas de la Faffe, así como de Ana Valls, ambos también implicados en la causa de las tarjetas. Estas comparecencias, inicialmente previstas, fueron suspendidas y aún están a la espera de una nueva fecha.

El pasado 29 de enero, el juez Vilaplana emitió un auto en el que acordó citar como investigadas a 21 personas entre marzo y abril en el marco de esta causa, vinculada a supuestas irregularidades en la gestión de la Faffe. Según el magistrado, la fundación habría realizado «licitaciones y adjudicaciones de contratos al margen de la legalidad administrativa y financiera», recurriendo de manera «arbitraria e injustificada» a procedimientos simplificados que vulneraban los principios de publicidad y libre concurrencia, favoreciendo a determinados adjudicatarios en procesos opacos. El importe total de los contratos presuntamente irregulares ascendería a 9.465.332 euros, de acuerdo con el análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Subvenciones bajo escrutinio

El juez ha ordenado a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) elaborar un informe detallado sobre las subvenciones concedidas a la Faffe entre 2007 y su liquidación en 2011, así como los expedientes de reintegro o revisión iniciados por posibles irregularidades. Además, se ha solicitado información sobre las deudas de la fundación que pudieran haberse extinguido tras su absorción por el SAE. El auto también reclama documentación a la Tesorería General de la Seguridad Social y al SAE sobre la contratación de diez personas específicas, en el marco de la investigación liderada por la UCO.

El instructor apunta a posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación, relacionados con la contratación de proveedores, personal y la justificación de subvenciones. Según el auto, las irregularidades en la gestión de fondos públicos se habrían sustentado en «contrataciones ficticias» que permitían justificar gastos por servicios no prestados, en conexión con las subvenciones recibidas principalmente de la Consejería de Empleo y el SAE.

Contratación irregular de personal

Otro foco de la investigación son las presuntas irregularidades en la contratación de al menos 84 personas por parte de la Faffe, realizada sin respetar los principios de publicidad, mérito y capacidad, y sin seguir procedimiento alguno. El juez sostiene que estas contrataciones, que incluyeron la creación de puestos ad hoc, podrían haber respondido a «contraprestaciones por favores políticos o personales», además de señalar que parte del personal carecía de la cualificación necesaria. «Por parte de los responsables de la Faffe, se habría procedido a la contratación de determinado personal de forma discrecional y al margen del procedimiento legalmente establecido», afirma el magistrado.

La investigación continúa arrojando luz sobre la gestión de una entidad que, tras su extinción en 2011, sigue generando controversia por el uso indebido de recursos públicos. Por el momento, Fernando Villén Rueda guarda silencio, mientras el juez Vilaplana avanza en el esclarecimiento de unos hechos que podrían tener graves implicaciones judiciales y políticas.