El alcalde de Manilva adjudica un contrato menor de 16.940 € para gestionar un mes las redes sociales de la televisión municipal

El Ayuntamiento de Manilva, gobernado por el alcalde Mario Jiménez, ha adjudicado un contrato menor por valor de 16.940 euros, IVA incluido, para el impulso y la gestión de las redes sociales de la televisión municipal RTV Manilva. El contrato establece un periodo de ejecución de únicamente 30 días, por lo que la administración local destina esta cantidad a un servicio limitado a un solo mes.

Según consta en la documentación contractual, el objeto del encargo es reforzar la presencia de RTV Manilva en las redes sociales mediante la gestión de sus perfiles y la difusión de los contenidos que genera este medio de comunicación municipal. El propósito recogido en el expediente es mejorar la difusión de la información municipal y de los contenidos considerados de servicio público.

El importe neto del contrato asciende a 14.000 euros. A esta cantidad se añaden 2.940 euros correspondientes al IVA, elevando el coste total para las arcas municipales hasta los 16.940 euros.

La adjudicataria es MARNES MEDIA S.L., una empresa cuya dirección figura en San Roque (Cádiz). El expediente establece expresamente que la prestación tiene una duración de 30 días y recoge entre sus observaciones la finalización del servicio dentro de ese mismo plazo.

565 euros por día

De este modo, el contrato concentra en un único mes un desembolso de casi 17.000 euros públicos para la gestión de las redes sociales de la televisión municipal. La cuantía supone un coste equivalente a unos 565 euros por día de prestación si se distribuye el importe total entre los 30 días contemplados en el contrato.

Un alcalde ya señalado por las subidas salariales

No es la primera vez que la gestión económica del Ayuntamiento de Manilva genera interrogantes. El pasado mes de julio, Mario Jiménez firmó un decreto que contemplaba 88 modificaciones retributivas para trabajadores municipales, una medida que fue cuestionada por el PP local por la falta de información sobre su impacto económico y los criterios empleados para determinar las mejoras.

La oposición reclamó entonces conocer los informes económicos y las justificaciones individuales de las equiparaciones. El presidente de la Junta de Personal y secretario general de UGT llegó a calificar la relación aprobada de «arbitraria e incompleta».