Segregación sanitaria: los españoles son tratados como inmigrantes ilegales fuera de sus CCAA

Los españoles son tratados como inmigrantes sin papeles cuando salen de su comunidad autónoma. Para conservar derechos en materia sanitaria deben pedir un certificado de “desplazado”. Si no lo hacen sólo pueden ser atendidos en Urgencias y deben pagar las medicinas.

¿Han intentado ir al médico fuera de la región donde viven? Pocos españoles saben que cuando salen de su comunidad autónoma no tienen derecho a concertar cita de atención primaria a menos que soliciten un documento especial en el centro de salud de la región donde tengan que ser atendidos. Si no disponen de esta autorización solo podrán acudir el área de Urgencias, como sucede con los inmigrantes ilegales. Las comunidades autónomas consideran a estas personas “desplazados”, aunque no salgan del territorio nacional.

A pesar de que la Ley 13/2003 de cohesión del sistema de salud establece que los ciudadanos tienen derecho a recibir asistencia sanitaria con independencia de la comunidad autónoma en la que se encuentren, las consejerías no permiten utilizar tarjetas que no hayan sido emitidas por ellas. Por ello, obligan a todo aquel que salga de su región a solicitar la “tarjeta de desplazado”, que, además, tiene una fecha de caducidad determinada que varía en función de la CCAA correspondiente.

Todo esto se evitaría con la tarjeta sanitaria única que, en teoría, iba a implantar el Gobierno con la colaboración de los ejecutivos regionales y que fue plasmada en un Real Decreto Ley en 2013. La norma materializaba el supuesto acuerdo al que llegaron todos los consejeros autonómicos un año antes. No es la primera vez que se intenta, ya en 2004 la entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor, impulsó la citada tarjeta con el mismo estéril resultado.

La tarjeta única sanitaria, un espejismo

Desde la aprobación del Decreto Ley nada más se ha sabido. Las dificultades para implantar un único sistema informático, las reticencias de los ejecutivos autonómicos y la falta de competencias por parte del Estado han alejado la posibilidad de que los enfermos sean atendidos de la misma forma con independencia del lugar de residencia.

Según el Gobierno, el proceso de sustitución de las actuales tarjetas ”se llevará a cabo de forma progresiva, con motivo de su renovación por cualquier causa o de nuevas emisiones, debiendo estar finalizado antes de cinco años contados a partir de la entrada en vigor”. Sin embargo, cuando uno lee la letra pequeña comprueba que todo ello se producirá «siempre que las disponibilidades presupuestarias de las diferentes administraciones públicas competentes lo permitan». Es decir, que se aprueba una Ley y no se garantiza su cumplimiento.

“Es una vergüenza que después de tantos años no tengamos una tarjeta única que permita a los ciudadanos tener una asistencia sanitaria homogénea. Aunque la Ley está aprobada los primeros que la incumplen son los gobiernos autonómicos. Es una norma inútil, que confirma que existe discriminación entre españoles, creando ciudadanos de primera y de segunda”, explica a Ok diario Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente (ADEPA).

Problemas con las recetas

Los problemas no se limitan a las consultas, sino que afectan también a las prescripciones. “Tenemos casos en los que hay jubilados que se ponen enfermos cuando van a visitar a familiares y, tras ser atendidos en Urgencias, les recetan medicamentos que luego deben pagar de su bolsillo”, explica Flores, “en teoría, luego pueden reclamar las cantidades abonadas a los servicios sanitarios de su lugar de residencia, aunque en la mayoría de las ocasiones no se autorizan las devoluciones y, cuando se aprueban, tardan en pagarse”.

Para la presidenta de ADEPA la solución es atacar la raíz del problema. “Nunca debería haberse permitido la transferencia de las competencias sanitarias a las CCAA, la única forma de evitar la discriminación es que haya una sola administración que determine los servicios sanitarios en todo el territorio nacional y que expida una tarjeta para todos los ciudadanos”, señala Flores.

La cuestión de fondo es que en la práctica no existe un sistema nacional de salud que pueda legislar y garantizar la atención a todos los ciudadanos sin importar la región en que vivan. Esa es la opinión de Pablo Martínez, portavoz de la Asociación de Médicos AMYTS, que da por muerto el proyecto de la tarjeta sanitaria única antes de nacer.

En declaraciones a Ok diario, Martínez considera que “el Real Decreto no se va a cumplir porque ninguna CCAA quiere ceder en materia de competencias”. Además, existen problemas técnicos, como que las tarjetas actuales tienen bandas electromagnéticas que no son compatibles entre los distintos territorios, y de asistencia, ya que “no todas las comunidades tienen la misma cartera de servicios”.

Distintos servicios en cada región

El portavoz de AMYTS recuerda que hay regiones donde se financian operaciones determinadas, como la de cambio de sexo, que en el resto no se realizan con fondos públicos. Lo mismo sucede con algunas vacunas y con las prótesis. “Hay una cartera básica de servicios que no ha sido actualizada desde 2005, pero cada gobierno regional ha incluido lo que le ha parecido oportuno”.

Al final, la atención que reciba el paciente depende de la discrecionalidad del facultativo que le atienda. “En algunas ocasiones no hay problema por acudir a un centro de salud con una tarjeta de otra comunidad autónoma, siempre atienden las Urgencias aunque no se presente el documento de desplazado”, añade Martínez.

Es la crónica de un desastre sanitario. Los ciudadanos sufren las pretensiones de los políticos por crear sus propias administraciones que les permitan diseñar centros de poder, un modelo que alcanza su máxima expresión en las regiones gobernadas por partidos nacionalistas. Aspectos básicos como la salud no pueden depender de criterios que dejen a un lado principios básicos como la asistencia sanitaria, provocando segregación dentro de un mismo país.