La “Plataforma de afectados por el Covid” amplía la denuncia contra Illa y Marlaska por los test defectuosos

La recién creada plataforma de afectados por el Covid-19 ya interpuso una denuncia el pasado 30 de marzo en el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el resto de miembros del Gobierno Central implicados según dicha asociación en unas presuntas “mala gestión y falta de trasparencia en la crisis sanitaria”, en la denuncia ante la Sala de lo Penal llegaban a acusar a dichos miembros del Gobierno  de una actuación “que ha supuesto la propagación del coronavirus en nuestro país”.

Ahora, dos semanas después, la misma asociación amplía su denuncia contra Illa y también contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por los presuntos delitos de “imprudencia grave y prevaricación por omisión” tras el asunto de los test defectuosos. El motivo es que según mantiene la asociación, los responsables públicos “no hicieron una comprobación previa de los 659.000 test comprados en China de los que 9.000 publicó la prensa que eran defectuosos…” y que no adoptaron las mínimas medidas de control durante la compra de unos test que según ellos “se han considerado claves para contener la pandemia…y agilizar el sistema sanitario del país”.

La asociación va más allá y acusa al Gobierno de que tras confirmar la escasa validez de los test “reaccionaron ocultando los datos del proveedor español que supuestamente intermedió en la compra de los test. También le reprochan al Gobierno que “no exigieran  responsabilidades al fabricante chino Bioeasy Biotechnology conformándose con un simple cambio de las unidades”. Además, los redactores de la denuncia también culpan al Gobierno central en exclusiva de ser los únicos responsables de la falta de material de los sanitarios de toda España, lo que según ellos ha propiciado “muchos” fallecimientos en todo el país.

El segundo motivo que se expone en la querella es que, además, apoyándose en informaciones de algunos medios, una segunda partida de test adquirida por el Gobierno también ha resultado defectuosa. Admiten que estos test han mejorado respecto a los anteriores pero todavía sin alcanzar lo “considerado óptimo por los expertos”.

Por todo esto, concluye la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO los miembros del Gobierno habrían cometido un delito contra la salud pública por supuestamente “importar medicamentos deteriorados”, incluso un delito contra la salud pública por imprudencia grave por permitir que se usaran esos test de manera consciente. También acusa la asociación a los dos ministros de un delito de prevaricación por omisión al provocar, según la asociación, una situación de riesgo para la población por no comprobar que estas partidas de test no eran válidas.