El primer pacto de Estado de esta legislatura presenta más de 200 medidas contra la violencia machista

Los grupos del Senado han aprobado hoy por unanimidad un paquete de 266 medidas para incluir en el futuro pacto de Estado contra la violencia machista, dirigidas a la educación, la sensibilización o asistencia a víctimas, y para cuya ejecución se ha establecido una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros.

Lo ha hecho al aprobar el informe de la ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, que el próximo viernes tendrá que ser ratificado en la Comisión de Igualdad a la Cámara Alta, donde aún se podrán formular votos particulares hasta la medianoche del jueves.

Dicha ponencia se ha reunido hoy de forma paralela a la subcomisión del Congreso, donde también han dado luz verde a más de 200 propuestas, algunas coincidentes con las del Senado y otras no.

En este caso, la ponencia ha desarrollado sus trabajos durante los últimos seis meses, en los que ha acogido 52 comparecencias de expertos y numerosas reuniones que culminan hoy con la «satisfacción de aprobar el informe por unanimidad de todos los grupos parlamentarios», según ha informado el Senado.

Un trabajo que ha tenido a las víctimas mujeres y menores «como guía» y que «ha sabido conjugar la defensa de las ideas y principios de cada uno de los grupos parlamentarios con la responsabilidad, seriedad, compromiso y ganas de encontrar lo puntos de unión».

Las 266 medidas contempladas abarcan un primer bloque de prevención y sensibilización, para lo que se considera «imprescindible» la educación, tanto de los niños como del profesorado; la formación de todos los operadores jurídicos, sanitarios, policiales, servicios sociales y medios de comunicación.

También las campañas de sensibilización como «elemento útil para la concienciación e implicación social», y que deben centrar su rechazo hacia el maltratador.

El segundo bloque de medidas van dirigidas a la asistencia, apoyo y atención a las víctimas, también menores, y recoge propuestas específicas para mujeres jóvenes, mayores, del mundo rural, con discapacidad, migrantes, gitanas, etc. en los sectores de la sanidad, la asistencia psicológica, jurídica, económica y social, la mejora de la igualdad y en el ámbito laboral.

Asimismo, el informe se centra en mejorar la coordinación en la respuesta institucional, mediante el desarrollo de los protocolos existentes y la implementación de otros nuevos y de organismos de coordinación institucional, la interconexión de instrumentos y la mejora de la eficacia de los mismos.

Por último, concluye con propuestas de modificación legislativa y mejora judicial, incluidas las reformas necesarias de la ley integral de 2004, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Civil, «así como las mejoras necesarias en el ámbito judicial para finalmente establecer algunos aspectos del futuro Pacto de Estado».

La ponencia considera urgente aprobarlo «por las mujeres asesinadas, por los menores que han perdido la vida a manos de sus padres, por los huérfanos y huérfanas, y por las mujeres y menores que diariamente sufren en silencio esta violencia».