Según un estudio del Observatorio Social de ”la Caixa”

El 10% de la población rural española nació en el extranjero y es esencial para salvar a la España despoblada

El 10% de la población rural española nació en el extranjero y es esencial para salvar a la España despoblada
Carmona (Cantabria) @Istock

El 10% de la población rural española ha nacido en el extranjero y, además, es esencial para el rejuvenecimiento y la preservación de la actividad en la España despoblada. Esta es una de las principales conclusiones a la que ha llegado el estudio «La inmigración dinamiza la España rural», publicado por el Observatorio Social de ”la Caixa” y elaborado por Luis Camarero, de la UNED, y Rosario Sampedro, de la Universidad de Valladolid

El Observatorio Social de ”la Caixa” ha sido presentado este miércoles en CaixaForum Madrid y se ha contado con un debate monográfico sobre los retos y oportunidades de la inmigración moderado por el periodista y director de Análisis y Desarrollo Global de ISGlobal, Rafael Vilasanjuan, que ha contado con la presencia de la catedrática de la Universidad de Alcalá, Olga Cantó.

El estudio, en detalle, señala que cerca del 10% de los residentes en municipios españoles de menos de 10.000 habitantes ha nacido en el extranjero. Además, los autores apuntan que, en el grupo de entre 20 y 39 años, la cifra ronda el 16 %, por lo que los inmigrantes rejuvenecen la España rural. En este sentido, los nuevos nacimientos —las madres rurales de origen extranjero tienen más hijos que las nacidas en España (1,5 hijos por mujer vs. 1,2)— y las reagrupaciones familiares son un fenómeno determinante en la demografía futura de las zonas rurales de España.

Según el estudio, en 2019 uno de cada cinco menores de 13 años en la España rural era hijo de madre de origen extranjero, una proporción que se eleva hasta uno de cada cuatro en los municipios de menos de 1.000 habitantes.

Radiografía de la evolución de los pobladores rurales

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Los autores realizan una radiografía de la evolución de los pobladores rurales según la cual el asentamiento de población extranjera ha seguido un proceso de difusión continua de este a oeste, desde los enclaves rurales de las regiones litorales mediterráneas, donde empezó a tener presencia a inicios del S. XXI, hacia otras zonas del interior, y se ha ido abriendo a nuevos mercados laborales.

Según el informe, también es variada la procedencia geográfica y cultural de los nuevos pobladores. Contra el imaginario rural de población inmóvil, permanente y local, la España rural es diversa y cosmopolita. En cuanto a los flujos de población, el estudio explica que desde finales de los años 90 se aprecia un aumento notable de la población extranjera que se desplazó a municipios rurales gracias a la agricultura exportadora, la construcción, el turismo y la demanda de cuidadores.

Sin embargo, la crisis de 2008 llevó a la despoblación de las áreas rurales al frenarse la llegada de inmigrantes e incluso al marcharse a sus lugares de origen o a entornos urbanos. A partir de 2015, las cifras repuntaron hasta que, en 2017, el saldo migratorio volvió a ser positivo gracias a la población de origen extranjero.

El impacto de la crisis económica y el Covid-19

En relación con la crisis por coronavirus, Camarero explica que «por regla general, las crisis económicas no han sido buenas para las áreas rurales. El contexto actual de fuerte incertidumbre económica puede ralentizar la llegada de población desde el extranjero y dificultar también los procesos de reagrupación familiar.

La caída de la fecundidad propia de los momentos de crisis se añade en este escenario de previsible reducción de vitalidad demográfica. Pero los días de la pandemia también nos han permitido tomar conciencia de la importante contribución que la población foránea realiza para garantizar la producción alimentaria y especialmente la vida de nuestros pueblos».

2007: una brecha laboral que aún no se ha cerrado

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En el debate también se ha presentado el Análisis de las necesidades sociales de la población inmigrante del Observatorio Social de ”la Caixa”, que explica cómo el empleo juega un papel clave en el proyecto de las familias inmigrantes (por procurarles sustento y porque de este elemento depende la renovación de los permisos para seguir en España).

La crisis de 2007 provocó una brecha que aún no se ha cerrado: el 16% de las familias inmigrantes tuvieron a todos sus miembros en desempleo en los años centrales de la recesión (vs. 9,5% en el caso de las familias autóctonas).

La precariedad laboral castiga especialmente a este colectivo, que acumula cerca del doble de inestabilidad laboral (en 2018, el 16,8% de las familias inmigrantes viven en hogares en que todos los empleados tienen un contrato temporal vs. 9,1% en el caso de los no inmigrantes) y el triple de pobreza laboral (33,7% vs 10,6% de los autóctonos en el mismo año).

Además, la tasa de riesgo de pobreza de los inmigrantes que residen en España, un 46% en 2017, es claramente superior a la que el mismo grupo registra en el conjunto de la UE-28. Solo en España y Grecia los valores son superiores al 40%. Sin embargo, en comparación con la población autóctona (18% de riesgo de pobreza en 2017), España no es el país con diferencias más altas: el contraste entre inmigrantes y nativos es aún mayor en países como Suecia, Austria o Bélgica, en los que el riesgo de ser pobre se triplica para las familias de origen extranjero.

La situación en peor en el caso de las mujeres

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La situación es peor, además, en el caso de las mujeres. Las trabajadoras extranjeras ganaron al año, de media, poco más de 14.000 euros brutos en 2016, frente a los casi 27.000 ingresados por los varones de nacionalidad española. Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial ilustran claramente la doble brecha, de género y origen, que condiciona la exigua ganancia de las mujeres inmigrantes empleadas en nuestro país.

Del mismo modo, la vivienda es una necesidad social que las familias inmigrantes han tenido dificultades para cubrir de forma adecuada, en un contexto de precios elevados, insuficiente oferta en el mercado de alquiler y ausencia de ayudas públicas eficaces.

La consecuencia ha sido una gran sobrecarga económica por el gasto asociado a la misma y el acceso a viviendas con peores condiciones de habitabilidad. El coste de la vivienda supone una sobrecarga para el 49% de los inmigrantes (y el 16,8% de autóctonos), al absorber más del 30% de sus ingresos.

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