El PP exige retirar el Estatuto Marco mientras Mónica García traslada el conflicto a las comunidades

La reforma del Estatuto Marco Sanitario se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales médicos. Tras 25 días de huelga convocada este año por los sindicatos médicos y con un rechazo prácticamente unánime al texto aprobado por el Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene su apuesta por la reforma sin aceptar las principales reivindicaciones del colectivo, lo que ha llevado el enfrentamiento a un nuevo punto de tensión. Mientras las organizaciones médicas denuncian la falta de negociación real y exigen la retirada del anteproyecto para empezar de nuevo, el Ministerio insiste en continuar la tramitación de la norma.

En este contexto, el Gobierno y la ministra, Mónica García, tratan de desplazar parte de la presión hacia las comunidades autónomas, responsables de la gestión sanitaria, en vísperas de una nueva reunión interterritorial en la que las consejerías de Salud, muchas de ellas gobernadas por el PP, volverán a analizar el alcance de la reforma. Los populares han aprovechado este escenario para endurecer su discurso contra el Ejecutivo y reclamar la retirada del texto, argumentando que ha conseguido algo poco habitual: unir en su contra a sindicatos, profesionales sanitarios y gobiernos autonómicos de distinto signo político.

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha emplazado este martes al Gobierno a retirar la reforma del Estatuto Marco sanitario y comenzar la negociación «desde cero», tras considerar que el texto aprobado por el Consejo de Ministros ha logrado «unir a todos, pero en contra». La dirigente popular defendió la necesidad de abordar la actualización de la norma mediante el diálogo y el consenso con los profesionales, en lugar de hacerlo desde el «sectarismo y la imposición».

Así, Fúnez ha asegurado que España atraviesa «el mayor momento de conflictividad sanitaria vivido en democracia» y vinculó esta situación al rechazo generado por la reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad. Según explicó, al rechazo de los sindicatos médicos se han sumado organizaciones que inicialmente participaron en las negociaciones y también varias comunidades autónomas, que están afrontando las consecuencias de una huelga que, según denunció, ha provocado el aplazamiento de millones de actos médicos.

La responsable de Sanidad del PP alertó de que detrás de esas cifras existen pacientes que han visto retrasadas consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, y reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga para desbloquear el conflicto. «Con el sectarismo no se van a mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y con la imposición no se van a reanudar las consultas y operaciones pendientes», afirmó.

Por ello, insistió en que el Ejecutivo debe retirar el texto actualmente en tramitación y abrir un nuevo proceso negociador basado en el diálogo y la búsqueda de consensos. «La reforma es necesaria, pero debe hacerse con apertura de miras y no desde la imposición», sostuvo.

Pero, lejos de encauzarse, el conflicto amenaza con recrudecerse en las próximas semanas. El comité de huelga médica ha confirmado una nueva semana de paros nacionales entre el 15 y el 19 de junio ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Los sindicatos denuncian que el departamento de Mónica García mantiene una estrategia de «inmovilismo» y no ha presentado propuestas suficientes para atender las principales reivindicaciones de los facultativos, que siguen exigiendo un estatuto propio y cambios de fondo en las condiciones laborales recogidas en la reforma.