Mónica García filtró el fin de Muface para frenar la negociación de Óscar López con las aseguradoras

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado en jaque al ministro socialista para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al filtrar un documento clave que anuncia ni más ni menos que la desaparición del sistema de mutualismo que proporciona servicios sanitarios a los funcionarios del Estado y conocido como Muface. Y es que, López trataba de llevar a cabo una nueva negociación con las aseguradoras, Asisa, Adeslas y DKV y restablecer el contacto, al menos de cara a la sociedad e inhibir de su desaparición al PSOE.

Esta jugada ha desatado una oleada de reacciones, ya que ha buscado frenar las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras privadas, con el objetivo de sobrecargar el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, al que le corresponderían 250.000 mutualistas y un coste estimado de 400 millones de euros. También hay que tener en cuenta que de las cuatro grandes comunidades, tres están en manos del Partido Popular: Madrid, Andalucía y Valencia.

La ministra, Mónica García, considera que el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción «tanto viable como razonable», asegura, y propone la incorporación gradual y estratificada de las personas mutualistas de Muface con la excepcionalidad de aquellos pacientes en situaciones críticas.

Este documento, que hasta ahora había permanecido en silencio en los pasillos del Gobierno, fue dado a conocer por Mónica García a través de sus canales de comunicación. La filtración no sólo reveló la intención de desmantelar Muface, sino que también permitió vislumbrar las intenciones del Ejecutivo de avanzar en nuevas negociaciones con las aseguradoras.

A través de Muface, los funcionarios del Estado han tenido acceso a una sanidad privada subsidiada, una prestación que les permite elegir entre diversos proveedores privados, como aseguradoras y hospitales privados, para su atención sanitaria.

Una de las grandes comunidades que, por población también tendría que asumir grandes costes en este sentido, ha calificado de «auténtico despropósito» la gestión que está haciendo el Gobierno de la Nación de la renovación del concurso para la atención sanitaria de los funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface), ahora mismo desierto por la incomparecencia de las tres aseguradoras privadas que lo estaban prestando, a cuenta de las discrepancias entre los ministerios de Transición Digital y Función Pública y el de Sanidad, que este lunes difundió un informe donde aboga por que sean las comunidades las que asuman esa atención sanitaria de funcionarios estatales.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España, ha vinculado el argumento de despropósito al hecho a que dentro del Gobierno ellos mismos no se ponen de acuerdo», para hacer un retrato de situación donde la ministra de Sanidad, Mónica García, es partidaria de que «se disuelva» Muface, mientras que ha considerado que «el ala socialista (en alusión al ministro Óscar López) aboga por encontrar una solución».

Informe Muface

El informe MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud, se admite que, en caso de tomar la decisión de incorporar a esta población, «habría que trabajar en estudios posteriores en mayor profundidad haciendo uso de los sistemas de información sanitaria disponibles en colaboración con las Comunidades Autónomas e INGESA».

El informe también valora incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, aunque se considera esta opción podría ser «insuficiente», ya que las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación; «insostenible» porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de MUFACE; e «inequitativa» por suponer incrementos porcentuales que serían «impensables en el ámbito de la provisión pública directa».

Optar por esta iniciativa significa «postergar una decisión que habrá que tomar antes o después». Por tanto, propone la prórroga de 9 meses del concierto actual, durante la cual el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encargaría de la provisión sanitaria a los mutualistas de MUFACE; y la incorporación gradual de los pacientes al SNS, priorizando aquellos con tratamientos crónicos complejos.