Historial clínico compartido entre entidades públicas y privadas: una realidad en la Comunidad de Madrid

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de Salud en OKDIARIO; responsable de Comunicación y Prensa en el Colegio de Enfermería de León. Antes, redactor jefe en la Crónica el Mundo de León y colaborador en Onda Cero. Distinguido con la medalla de oro de la Diputación de León por la información y dedicación a la provincia y autor de libros como 'El arte de cuidar'.
• • 19/12/2022 16:19
  • Actualizado: 19/12/2022 17:34

La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) ha celebrado esta medida, que permitirá compartir la historia clínica entre entidades públicas y privadas, promoviendo la colaboración entre las mismas.

La Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus, ha permitido que historial clínico compartido entre entidades privadas y públicas sea una realidad en la Comunidad de Madrid.

Esta nueva normativa, a través de una modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid introducida en la denominada «Ley Ómnibus», va a suponer, según la ley, importantes ahorros para todos los sujetos y entidades implicadas, ya sean pacientes, Administraciones públicas o instituciones privadas.

«Es un paso decisivo para alcanzar la interoperabilidad entre el sistema sanitario público y privado. Poder compartir la historia clínica entre entidades es un avance importante para la Comunidad de Madrid. Esperamos que esta medida se extienda a toda la geografía española y que pronto sea una realidad», ha afirmado el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM), Isidro Díaz de Bustamante.

En la Comunidad de Madrid, con alrededor de siete millones de habitantes, el sector sanitario privado aporta 144.000 profesionales, 83 hospitales y 20.800 camas. Además, realiza 17,6 millones de consultas de atención especializada, por lo que considera que «esta ley es un gran avance». Hasta ahora sólo tres comunidades lo permitían, Andalucía, Aragón y Baleares.

Frente a ello, ACHPM, que agrupa a 58 empresas de hospitalización privada en la Comunidad de Madrid, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no contara con las aportaciones del sector privado para elaborar la reforma del Real Decreto 1093/2010, por el que se aprueba un mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que busca organizar la historia clínica de los pacientes y hacerla accesible en cualquier punto de España.

Al no contar con todas las organizaciones que forman parte del sistema sanitario, ha alegado, pone en riesgo que los datos de los pacientes consultados se encuentren «incompletos, con el consiguiente perjuicio para su salud». «Que la Comunidad de Madrid haya conseguido desmarcarse, en cierta medida, de la reforma del Gobierno central es un gran avance que nos hace ver que el sector privado es escuchado y, sobre todo, que se tiene en cuenta las necesidades de los pacientes ya que esta ley es en su beneficio», ha señalado Díaz de Bustamante.

Reclamación al ministerio

En cualquier caso, desde la asociación han reclamado seguir trabajando para que la historia clínica interoperable sea una realidad y ha recordado que el Ministerio de Sanidad, en su Estrategia de Salud Digital, establece como una de sus tres grandes líneas de actuación la «Generalización de la interoperabilidad de la información sanitaria».

En concreto, en ella se habla de la creación de un «Espacio Nacional de Datos Sanitarios», cuya ejecución dependería del propio Ministerio, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y se indica que «podrán definirse escenarios para la cooperación público-privada que permitan acometer iniciativas de particular interés para el Sistema Nacional de Salud con la participación de organizaciones empresariales».

En este marco, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) defiende la necesidad de adecuar la reforma del Real Decreto 1093/2010 a la Directiva europea 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.

Ésta es aplicable a los proveedores de asistencia sanitaria públicos y privados, por lo que la ACHPM destaca que «la reforma planteada por el Ejecutivo iría en contra lo establecido en dicha directiva europea, al no incluir al sector privado».

Díaz de Bustamante reitera la mano tendida de los centros de hospitalización privada a las administraciones para dar nuevos pasos en la interoperabilidad. «Si el objetivo del Ministerio de Sanidad es avanzar hacia la digitalización en la historia clínica de los pacientes y hacerla accesible desde cualquier punto de España, se deben tener en cuenta nuestras aportaciones desde el sector privado para elaborar cualquier reforma», ha asegurado.

«De lo contrario, llegaremos a la paradoja de que se podrá acceder a datos de un paciente de Madrid desde un hospital de Galicia, pero no desde un hospital de la misma Comunidad Autónoma si no son de la misma titularidad».