Javier Cárdenas hace hincapié en que primero el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz impondrá a las empresas un Plan LGTBI para evitar la discriminación en el ambiente laboral desde el próximo 2 de marzo. Sin embargo, el Gobierno aún no ha establecido «el reglamento que desarrolle el contenido y alcance de las medidas que se han de adoptar» en el ámbito empresarial, según Rubén Ouro, abogado y socio de Atlántico Abogados. Es decir, las compañías con más de 50 empleados se verán obligadas a desarrollar un plan para que la Administración no les imponga una multa de hasta 150.000 euros sin saber en qué consiste. Sin embargo, el sector privado no sabe como conciliar esta Ley con el resto de normativas. «Las empresas se encuentran en una situación de indefensión y desconcierto ante la falta de desarrollo del reglamento específico para el Plan LGTBI» de Díaz, afirma la consultora Adaptalia. «A pesar de la obligación legal de tener un Plan LGTBI el 2 de marzo, la ausencia de directrices claras genera la imposibilidad de implementarlo y aumenta el riesgo de recibir sanciones».
Y ahora, Yolanda Díaz pone en marcha un registro para que los parados LGTBI tengan prioridad a la hora de ofrecerles empleo. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha anunciado esta medida a través de las redes sociales, creando una gran incertidumbre porque no ha especificado cómo los servicios públicos de empleo podrán corroborar la orientación sexual del demandante, una propuesta de la líder de Sumar no convence a los funcionarios encargados de facilitar la búsqueda de empleo a los candidatos al considerar que el acceso al empleo debe ser universal y bajo criterios como las capacidades, los estudios o la experiencia.
