Ya no es sólo indignación, es que este Gobierno da miedo
No hace falta ser ningún lince para concluir que las maniobras de distracción del Gobierno en relación con el trágico accidente de Córdoba han llegado a un punto en que suponen un insulto a la inteligencia y que, a día de hoy, la hipótesis más razonable es que el descarrilamiento mortal se produjo como consecuencia de un fallo en la vía, por mucho que el ministro de Transportes, Óscar Puente, pretenda, interesadamente, abrir más allá de la lógica el abanico de posibilidades. ¿Conocía el ministro la conversación del conductor del Iryo con el centro de mando de ADIF –menudo nivel– que hemos conocido en las últimas horas? Cabe suponer que sí, porque Puente estuvo allí el domingo tras producirse el siniestro, pero el ministro ha guardado un silencio que más que prudente parece interesado. Ya ha tenido que reconocer que varios trenes que pasaron antes por Adamuz presentan los mismos daños que el tren descarrilado en sus rodaduras, lo que apunta a un fallo en las vías y, en consecuencia, deriva la responsabilidad del accidente directamente sobre ADIF. O sea, sobre el Ministerio de Transportes. O sea, sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.
Ocurre que esto no da más de sí y que los regates en corto del Gobierno no son ya otra cosa que una revelación de impotencia, porque el sistema ferroviario español ha colapsado por la escasísima inversión en mantenimiento de una red por la que transita cada día un número mucho más alto de trenes que hace cinco años. Y no es por la liberación del sector, porque si esta no existiera, la demanda hubiera obligado a que Renfe tendría que haber, sí o sí, incrementado el número de trenes para adaptarse a la realidad del mercado. Así que menos cuentos, ministro. Lo cierto es que hoy viajar en tren provoca miedo y que, con independencia de las últimas tragedias, el rosario de incidencias diarias es tan grande que ha provocado un clima de indignación y de alarma social. Y eso no es culpa de los enemigos del Gobierno, sino del propio Gobierno por su supina incapacidad en la gestión, la corrupción de los responsables del Ministerio de Transportes y la absoluta falta de respeto a los usuarios de un servicio que se ha degradado a niveles nunca vistos.
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