Venezuela y el fracaso del sistema global de los derechos humanos

El Derecho Internacional no fue concebido para adornar discursos ni para producir informes que se archivan sin consecuencias. Nació del horror. De la certeza histórica de que, cuando el poder no tiene límites, los Estados pueden convertirse en verdugos de su propio pueblo. Tras las grandes tragedias del siglo XX, la comunidad internacional asumió un principio esencial: la soberanía no puede ser una coartada para el crimen.

Con ese propósito se crearon instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y, en el ámbito regional, la Organización de los Estados Americanos. Su razón de ser era clara: garantizar la paz, proteger los derechos humanos y actuar cuando un Estado deja de cumplir su función básica de proteger a su población. Sin embargo, el caso venezolano demuestra hasta qué punto ese objetivo ha fracasado y hasta qué extremo existe una brecha alarmante entre el derecho proclamado y el derecho efectivamente aplicado.

Los crímenes de lesa humanidad se han convertido en política de Estado en Venezuela. Durante más de dos décadas, el régimen chavista ha desplegado un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. No se trata de opiniones ni de disputas ideológicas. Son conclusiones jurídicas de la propia ONU.

En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó que existían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Los informes posteriores de 2021, 2022 y 2023 confirmaron que estas conductas no eran hechos aislados, sino el resultado de una estructura organizada del Estado, con cadenas de mando claramente identificables y un patrón reiterado de represión.

A ello se suman los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicados entre 2019 y 2022, que documentan:
•⁠  ⁠La represión de protestas pacificas.
•⁠  ⁠Detenciones arbitrarias masivas.
•⁠  ⁠El colapso deliberado de servicios esenciales, incluido el sistema de salud.
•⁠  ⁠El uso del hambre y la escasez como mecanismos de control social.

La conclusión es inequívoca: no se trata de incompetencia ni de excesos puntuales, sino de diseño institucional.

El exilio venezolano advirtió y la comunidad internacional miró hacia otro lado. Durante años, los exiliados venezolanos y organizaciones de la sociedad civil han acudido a todos los mecanismos disponibles: Consejo de Derechos Humanos, relatorías especiales, procedimientos especiales, OEA y Corte Penal Internacional. Han presentado pruebas verificables, testimonios forenses, peritajes jurídicos y listas de víctimas.

Los hechos están acreditados. Los crímenes están documentados. Las víctimas tienen nombre. Y, sin embargo, los responsables siguen gobernando.

Uno de los elementos más inquietantes del chavismo ha sido la instrumentalización ideológica del sistema educativo. Durante años, la educación fue utilizada para normalizar la violencia, demonizar al disidente y sustituir la ética por la lealtad política.

Hoy, muchos de aquellos niños son los militares y agentes de seguridad que sostienen el aparato represivo. El Estado no solo violó derechos: produjo a quienes los violan. Desde la perspectiva del Derecho Internacional, esto agrava la responsabilidad estatal y confirma la existencia de un sistema criminal con vocación de permanencia.

La existencia de informes oficiales que hablan expresamente de crímenes de lesa humanidad plantea una pregunta incómoda para los foros de derechos humanos: ¿Para qué sirve el sistema internacional si no actúa cuando el crimen está acreditado?

La historia ya ofreció una advertencia en Ruanda. En 1994, cerca de 800.000 personas —aproximadamente el 70% de la población tutsi— fueron asesinadas mientras la comunidad internacional dudaba. Años después, la ONU reconoció su fracaso.

Venezuela amenaza con convertirse en otro símbolo de esa misma cobardía institucional. Resulta especialmente llamativo que varios presidentes de países socialistas invoquen hoy la defensa del «orden internacional» y de la «legalidad internacional» para justificar su apoyo o neutralidad frente al régimen venezolano.

Esta postura es profundamente contradictoria. El orden internacional no se viola al actuar contra crímenes de lesa humanidad; se destruye al tolerarlos. Defender a un régimen acusado por la ONU de tortura sistemática y ejecuciones extrajudiciales no es defender la legalidad, sino vaciarla de contenido. El silencio ante el crimen no es neutralidad. Es complicidad política.

Las acciones adoptadas por actores externos frente al régimen venezolano han sido objeto de duras críticas. Sin embargo, plantean una cuestión que no puede seguir evitándose: ¿Es ilegítima la acción cuando quienes tienen el deber jurídico de actuar se niegan sistemáticamente a hacerlo?

Pensemos en un caso realista: una mujer denuncia durante años violencia doméstica. Existen partes médicos, grabaciones y testigos. La policía abre expedientes, pero nunca interviene. El agresor continúa. Un día, un tercero interviene y la saca de la casa, incluso rompiendo la puerta si es necesario. La opinión pública condena al que actuó por «extralimitarse» y justifica a quienes, teniendo autoridad, no hicieron nada. ¿Eso es justicia?

La justicia fue creada para proteger a las víctimas y limitar al poderoso, no para convertirse en un ritual burocrático sin consecuencias. Como advirtió Hannah Arendt, «el mal más peligroso es aquel que se normaliza».

Mientras el Derecho Internacional siga reconociendo crímenes sin actuar, mientras las instituciones prioricen la comodidad política sobre la dignidad humana, la promesa universal de los derechos humanos seguirá siendo incompleta.

Y la pregunta final permanece, incómoda y necesaria: Si el Derecho Internacional no protege a los pueblos frente a la tiranía, ¿para qué —y para quién— existe realmente?