La Venezuela de España

La CUP pretende convertir Cataluña en la Venezuela de España. Los golpistas más radicales siguen al pie de la letra el modus operandi del chavismo y, como si de remedar a cualquier grupo violento de Caracas se tratase, aplican las técnicas pandilleras que definen a los peores regímenes totalitarios. Los miembros de Arran, su cantera ideológica y grupo encubierto de intimidación y represión callejera, han puesto en el centro de la diana pública a los concejales del Ayuntamiento de Lérida que se han opuesto a colaborar con el referéndum ilegal. Una estrategia perfectamente organizada y que a principios de septiembre tuvo su pistoletazo de salida cuando la misma organización pidió «señalar» a quienes no apoyen la independencia. Todo esto supone un acoso a la propia democracia que puede tener consecuencias funestas si los antisistema siguen aumentando el clima de tensión.

Poner sobre el escaparate público a los concejales es un riesgo para la integridad física y psicológica tanto de ellos como de sus familias. El día que un desaprensivo considere que ése es el modo de actuar y se tome la justicia por su cuenta, entonces lamentaremos los hechos con frases grandilocuentes y plazas llenas de velas para mayor gloria del inventario de la vacuidad. Esta batasunización de los antisistema, esta manera de instaurar la kale borroka —»lucha callejera» en vasco— como en los años más duros de Euskadi supone un ataque directo a las libertades de expresión e ideología recogidas en los artículos 20 y 16 de la Constitución respectivamente. Dos requisitos mínimos a los que los ciudadanos de un país democrático como España jamás debemos renunciar. Además, se da el agravante de que estos concejales señalados sólo cumplen con la legalidad vigente.

Ahora que acaba el verano y dejan atrás los constantes ataques contra los turistas extranjeros —hasta los medios anglosajones se hicieron eco del despropósito—, Arran centra toda su ira teórica y práctica en violentar el contexto de cara la consulta ilegal del próximo 1 de octubre. Ante este panorama y con los Mossos ausentes en protestas independentistas como las de Tarragona, el Gobierno hace bien en reforzar la seguridad en Cataluña con más de 2.000 agentes. Los dirigentes de la CUP ya han dicho en reiteradas ocasiones que los catalanes deben movilizarse en el «enfrentamiento civil» para librar «la batalla definitiva». El Ejecutivo no debe entrar en este tipo de provocaciones pero, al mismo tiempo, ha de mantenerse firme —de la ley a la ley a través de la ley— para detener una escalada de violencia que atenaza a todos los demócratas que viven en Cataluña.