Si no fuera por el Tribunal Supremo, Sánchez ya habría acabado con el Estado de Derecho

Después de que la Junta de Fiscales del Supremo, como adelantó en exclusiva OKDIARIO, haya rechazado por amplia mayoría el informe del fiscal Álvaro Redondo sobre el caso Tsunami, que desdiciéndose a sí mismo rechazó a última hora -tras ser convenientemente tocado por el fiscal general-  el delito de terrorismo y no vio «indicios de criminalidad» en Carles Puigdemont, será ahora la teniente fiscal del TS y número dos del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, quien fije la postura definitiva de este órgano. Su decisión parece clara y, como no podía ser de otra manera, la mano derecha del fiscal general de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz, sostendrá que no hubo terrorismo. En la Junta de Fiscales -de quince miembros- doce consideraron que sí lo hubo y once del total entendieron que hay indicios contra Carles Puigdemont y el dirigente de ERC recientemente huido a Suiza Rubén Wagensberg, una abrumadora mayoría que coincide con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón  en su criterio de imputar al máximo dirigente de Junts.

La decisión de la Junta de Fiscales no es vinculante, de modo que el órgano dependiente del Gobierno -no lo dice OKDIARIO, sino el mismísimo Pedro Sánchez- no respetará el criterio mayoritario, sino la voluntad del jefe del Ejecutivo. En cualquier caso, la última palabra sobre la posibilidad de imputar a Carles Puigdemont la tendrán los jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y de la misma forma que OKDIARIO anticipó cuál sería la posición de la Junta de Fiscales y adelanta que la teniente fiscal del TS saldrá en auxilio de Pedro Sánchez, este diario está en condiciones de afirmar que los magistrados del Tribunal Supremo se mostrarán mayoritariamente a favor de investigar al máximo dirigente de Junts y prófugo de la justicia por un delito de terrorismo. El peor escenario para Pedro Sánchez y la Ley de Amnistía.