Si el mandado de Sánchez manda en la Policía, apaga y vámonos

Basta con echarle un ojo a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prepara el Gobierno para darse cuenta de que es lo que pretende el Ejecutivo: conferir al fiscal general del Estado un poder absoluto sobre las investigaciones y el control de la Policía. Para entendernos, que de salir adelante la reforma no habría más casos Begoña, David Sánchez o caso fiscal general del Estado, porque ya se encargaría él de cubrirle las espaldas a su jefe para evitar que las investigaciones siguieran adelante.

La reforma entregará la instrucción penal a los fiscales, diluyendo sobremanera la figura del juez. El texto no oculta que ésa es su auténtica intención, al destacar, en su artículo quinto, que «el fiscal general del Estado podrá impartir, por conducto del Ministerio del Interior y, en su caso, de los organismos encargados de la dirección de las Policías autonómicas, cuantas instrucciones generales estime oportunas para el mejor funcionamiento de la justicia». O sea, manos libres para hacer y deshacer a su antojo. Hasta en la UCO.  Un enunciado lo suficientemente ambiguo para que tengan cabida toda clase de órdenes a la Policía judicial y, en su defecto, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su totalidad.

El control de la Policía Judicial es una de las principales novedades de la reforma diseñada por el Gobierno. A ello se dedica un capítulo de nueva introducción, en el que se anuncia que «la Policía Judicial desarrollará, bajo la dependencia funcional directa del Ministerio Fiscal, las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento de sus responsables, o de prestación de auxilio judicial». Para este fin, «las unidades de Policía Judicial practicarán las diligencias de investigación cuya realización les haya sido ordenada por el Ministerio Fiscal con arreglo a las instrucciones impartidas por aquellos».  O sea, que lo que se pretende es acabar con la instrucción de los jueces y conferir al fiscal general del Estado, el mandado de Pedro Sánchez, poder suficiente para abortar cualquier intento de investigar la corrupción que rodea a la familia y al partido del presidente del Gobierno.