Si los guardias civiles mueren en una «guerra», ¿por qué hablan de «accidente laboral»?

En una resolución, el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska ha justificado la contratación de emergencia de suministros destinados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente en el campo de Gibraltar, como consecuencia del incremento de la violencia y el uso acreditado de armas de guerra por parte de las mafias. La resolución es de noviembre de 2025 y en ella se admite que los agentes están en situación de «riesgo extremo», por lo que resulta «imprescindible» dotarles de medios de protección ante la evidencia de que se «incrementa de forma evidente el riesgo para la vida». El contrato es de 21.385.893 euros y se encuentra en plena tramitación, por lo que el nuevo material no se encuentra todavía a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El texto no puede ser más claro y contundente en el diagnóstico, pero, sin embargo, no hace ni una semana que Marlaska —justo el día en que dos guardias civiles perdían la vida en su lucha contra el narcotráfico— insistía en que el Gobierno «ha puesto más medios que nunca», presumiendo de haber incrementado un 20% los efectivos y renovado los medios materiales. Pues bien, el propio ministerio reconoce que los agentes están en una situación de grave peligro para su vida.

La pregunta es obvia: ¿Cómo es posible que admitiendo que guardias civiles y policías se enfrentan a los narcos en situación de clarísima inferioridad y con grave peligro para sus vidas, el Ejecutivo haya permitido llegar hasta este punto? En lugar de admitir la realidad, Marlaska no hace ni una semana que seguía presumiendo de gestión y de medios.

Esta resolución ministerial viene a confirmar que la policía y los guardias civiles son víctimas de una «guerra» a la que son enviados sin recursos. Por cierto, cuando pierden la vida –como tristemente ha ocurrido–, el Gobierno dice que es «un accidente laboral». Qué inmundicia moral.