Si esto le pasa a Almeida, lo empalan

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Y es que el caso tiene miga: pagó cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, para la entrega de mascarillas que nunca llegaron. El Gobierno socialista canario nunca solicitó los productos pagados y, en el colmo, volvió a contratar la misma partida con la misma empresa.

La Fiscalía investiga, por un lado, a la empresa, por un posible delito de estafa. Y, por otro lado, a la Consejería de Sanidad del Gobierno que preside el socialista Ángel Víctor Torres. Es inevitable establecer paralelismos con el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. En Canarias, el producto nunca llegó; en Madrid, sí y el que no cumplió con las exigencias fue devuelto y el dinero recuperado. Sin embargo, el Gobierno socialista canario siguió contratando con la empresa pese al fallo en el suministro del millón de mascarillas que la compañía cobró por adelantado.

Entre las sospechas de malversación por parte del Gobierno canario figura el hecho de que no consta que se verificase si la sociedad limitada cumplía con las exigencias mínimas de solvencia como para poder llevar a cabo el encargo de la compra de mascarillas. O la causa de que la Sanidad canaria no trasladara el asunto a la Fiscalía tras comprobar que la mercancía no llegaba.

Resulta un sarcasmo que el asunto de las mascarillas del Gobierno socialista canario no haya merecido la atención de las terminales mediáticas de la izquierda, que han puesto en la diana al Ayuntamiento de Madrid pese a que la Fiscalía no ha encontrado indicios de delito en ningún miembro del consistorio. En Canarias, donde gobierna el PSOE, sí, pero el asunto ha pasado desapercibido pese a que la Fiscalía ha encontrado materia delictiva más que suficiente. La izquierda tiene bula. Y mucha cara.