La SEPI es el brazo ejecutor del plan de control de empresas del Gobierno

Parece claro que el Gobierno pretende intensificar su control sobre las empresas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y para ello ha facultado al personal directivo del holding público a ejercer la presidencia y participar en más de dos consejos de administración, una decisión que llega después de que el Gobierno ordenara a la SEPI comprar hasta un 10% del capital social de Telefónica. Parece evidente que la entrada en la compañía que preside Álvarez-Pallete, justificada con el argumento de que era para garantizar su ‘españolidad’ ante la amenaza de Saudi Telecom, ha servido de catapulta al Ejecutivo para diseñar un desembarco en otras empresas y completar de este modo su plan intervencionista. El mismo Pedro Sánchez ya dejó claro en Davos que su idea era extender el papel del Estado en empresas estratégicas, de modo que la excusa perfecta para lanzarse al asalto de los sectores de ciberseguridad, defensa e inteligencia artificial ha sido utilizar la denominada SEPI tecnológica impulsada por el ministro José Luis Escrivá.

Lo que está ocurriendo responde al plan denominado «democracia económica» -eufemismo cuya autoría corresponde a Yolanda Díaz- y que se traduce en el control político de las empresas por la vía de ir ocupando puestos en sus consejos de administración hasta hacerse con el poder. La noticia de que los directivos de la SEPI podrán participar en más de dos consejos de administración ha pasado desapercibida, pero estamos ante un movimiento que responde a una estrategia clara.

El pretexto es que el Estado tiene que jugar un papel clave en sectores estratégicos ante la amenaza que supone que compañías nacionales queden en manos extranjeras, pero lo cierto es que ese argumento se cae por el peso de su propia inconsistencia en casos como el de Telefónica, porque su españolidad estaba plenamente garantizada antes de que el Gobierno ordenara a la SEPI entrar en su accionariado. No nos engañemos: el socialcomunismo no quiere salvar a las empresas españolas, sino que pretende controlarlas en su propio y exclusivo beneficio político.