El separatismo se ensaña con los jueces

Los independentistas catalanes no respetan, y lo han demostrado sobradamente saltándose el mandato del Tribunal Constitucional a la hora de celebrar el referéndum ilegal del 1-O, ni la legislación española, ni algunos de los derechos individuales recogidos en nuestra Constitución. Dirigentes separatistas, como ha sido el caso de Gabriel Rufián –diputado de ERC–, han señalado y desvelado la identidad de magistrados que usan perfiles anónimos en las redes sociales para expresar sus ideas y opiniones como haría cualquier ciudadano que vive en un país sin censura como España. Un país, y se trata de un aspecto que no debería caer en el olvido, donde los independentistas exponen en libertad sus ideas secesionistas, a pesar de desafiar sin sonrojo la unidad de España o atacar la figura del Jefe del Estado –por citar sólo algunas de sus ofensas–, cobijándose en la libertad de expresión contemplada en el artículo 20 de la Carta Magna.

Esta deleznable persecución por parte de los fanáticos del independentismo catalán más radical contra los miembros del Poder Judicial, no sólo atenta de manera frontal contra el derecho a expresar libremente sus pensamientos con independencia de su profesión, sino que, además, pone en peligro la seguridad e integridad física de los jueces y sus familias al ser señalados y despojados del elegido anonimato. Esta ‘caza de brujas’, una conducta propia de los regímenes absolutistas y totalitarios, es inadmisible porque cualquier ciudadano tiene el derecho a ser anónimo y ni el Estado, ni tampoco un colectivo radicalizado como es el separatista, tiene la potestad para descubrir su identidad. Sólo la intervención de la Justicia puede levantar el anonimato en caso de delito, un hipotético escenario que aquí, desde luego, no se da.

Es probable, y así lo demuestran los intolerables casos de acoso a los jueces que ejercen su carrera en Cataluña, que el falaz supremacismo del que se creen poseedores los independentistas les haga creer que los derechos constitucionales sólo están a su merced. Sin embargo, no pueden estar más errados en el tiro, en España el marco constitucional ampara a todos los españoles, incluso –así es de garante nuestro Estado de Derecho– a aquellos que niegan que lo son.