Sánchez rinde Pamplona

En diciembre de 2021, Joxe Abaurrea, concejal de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, tuvo que dejar su cargo. La causa fue su condena a seis meses de prisión por los incidentes en el Chupinazo de los Sanfermines de 2019, donde mordió y golpeó a un policía municipal y causó lesiones a una concejal de UPN, Carmen Alba. Todo ello con el propósito de colgar ilegalmente la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento pamplonica.

Parece lógico que el concejal de cualquier municipio no pudiera pisar nunca más en su vida el ayuntamiento como cargo público después de haber sido condenado por agredir a un policía municipal y a una concejal al servicio de la corporación. Pero eso con Bildu no pasa: después de la condena de Abaurrea, el portavoz de la coalición filoetarra, Joseba Asirón, lo contrató como asesor del grupo municipal.

Dentro de pocos días, Abaurrea será concejal de gobierno en el mismo consistorio gracias a la moción de censura pactada entre Otegi y Sánchez contra Cristina Ibarrola, la alcaldesa de UPN, para colocar en su puesto al mencionado Asirón. No hay que descartar que el PSOE conceda también su visto bueno a que Abaurrea se ponga al frente de la Policía Municipal.

Los altercados en el Chupinazo de 2019 se produjeron a las pocas semanas de las elecciones municipales que desalojaron de la alcaldía al hasta entonces regidor de Bildu, Joseba Asirón, quien logró el sillón en 2015 gracias al apoyo de la extrema izquierda, que era donde aún no estaba el PSOE. Aquellos incidentes, convenientemente calentados desde días antes por la coalición proetarra, eran la forma de apostar por la «convivencia» en respuesta a su pérdida de la alcaldía ante el vencedor en las urnas, Enrique Maya, candidato de Navarra Suma.

El mandato municipal que arrancó en 2019 ya había tenido otro sobresalto. En octubre, otra concejal de la lista de Asirón, Amaia Izko, resultó condenada por la Audiencia Nacional a tres años de inhabilitación para cargo o empleo público por su «participación activa en ETA». En el juicio se sentaban en el banquillo 47 abogados del «frente jurídico» integrado en la estructura de la banda terrorista. En la sentencia de conformidad, Izko admitió pertenecer a dicha estructura que trabajaba con los presos de la banda, aunque, en palabras de la entonces portavoz socialista en el consistorio pamplonés, los abogados «no estaban para ayudarles, sino para que permanezcan fielmente en este frente de lucha».

La condena a Amaia Izko dio lugar a una declaración municipal en octubre de 2019 que denunciaba a Asirón por haber incluido a una etarra en su lista electoral y rechazaba las palabras del portavoz de Bildu, que había calificado de “circo” el proceso judicial. La coalición proetarra, como su propio calificativo indica, votó en contra de la declaración. El partido socialista apoyó la denuncia elevada al pleno por Navarra Suma contra Asirón, al que ahora va a hacer alcalde con sus votos.

«Es legal, pero no es decente», que diría Pedro Sánchez golpeando ante la opinión pública, una vez más, ese saco de boxeo, lleno de principios políticos desechables, que es su proyecto de poder. Lo dijo ante la inclusión de casi medio centenar de etarras en las listas electorales de sus socios de Bildu para el 28M, siete de ellos con delitos de sangre.

Pasados unos meses de la moción por el caso Izko, se votaba en mayo de 2020, como cada año cuando se cumplía el aniversario, una declaración de condena del pleno municipal de Pamplona por el asesinato a manos de ETA en 1998 del concejal y portavoz de UPN, Tomás Caballero. Se aceptó la votación por puntos. El tercero rezaba así: «Resaltar los valores de libertad justicia y paz que defendió en su vida Tomás Caballero y siguen siendo igual de necesarios tras la extinción de la banda terrorista ETA». El grupo liderado por Asirón se abstuvo de apoyar este punto que citaba a la organización terrorista. En 2021 volvió a abstenerse en una nueva declaración que nombraba a la banda criminal.

En julio de 2020, en una moción de condena por el homenaje de una peña en las fiestas al etarra Patxi Ruiz, asesino de Tomás Caballero, los concejales de Bildu también se abstuvieron. En junio de 2021, Navarra Suma y el PSN presentaron una iniciativa de la Fundación Fernando Buesa para impedir los homenajes públicos a presos etarras. El próximo alcalde de Pamplona ordenó a sus concejales que votasen en contra. En julio de 2022, una moción de condena del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco terminó con la abstención de Bildu, que había presentado un texto alternativo donde no había condena del brutal crimen ni referencia alguna a ETA.

Las actas de los plenos del Ayuntamiento de Pamplona de estos últimos años que hemos repasado están disponibles para su consulta en la web municipal. Son documentos que ayudarán algún día a trazar la cartografía de esos sinuosos meandros retóricos en los que serpentean los cargos públicos de Bildu para evitar la condena sin paliativos de ETA, mientras colocan en sus listas electorales y en los organigramas de sus partidos a terroristas convictos, a la vez que rechazan colaborar en la resolución de los cerca de cuatrocientos crímenes de la banda sin resolver. El «cupo de ETA» ha llamado Asirón despectivamente a las mociones municipales de recuerdo de las víctimas y condena de los asesinos etarras.

A su lado figuran los claros y firmes mensajes, de los concejales de UPN, Navarra Suma y PSN la mayoría de las veces, contra la invención de un relato indigno que pretende convencernos de que la España constitucional debe pedir perdón por librar en el País Vasco y en Navarra, también en Cataluña, la batalla por la vida, la libertad, la igualdad y el pluralismo en defensa de todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles.

Pedro Sánchez ha elegido Pamplona para seguir fortificando su proyecto de división y exclusión para toda España. Y lo ha hecho rindiendo el Ayuntamiento y su presupuesto, más de 200 millones de euros, a una coalición que, aun con distintos nombres, siempre ha demostrado su tolerancia con el señalamiento, el acoso y hasta el asesinato, también de sus rivales políticos, como parte de una estrategia de conquista del poder compartida con los sicarios.

A los concejales demócratas que en estos años han reivindicado en el Ayuntamiento de Pamplona el nombre de los 27 vecinos asesinados por ETA en la ciudad, les quedan aún por escribir páginas memorables en defensa de una Navarra española y de la libertad. Ahora también quizás frente a quienes hasta hoy estuvieron junto a ellos y en pocos días quedarán del otro lado del muro que está levantando Pedro Sánchez. Un muro para dividir incluso a los que compartieron ese valor intangible, pero que llena de sentido la vocación política, que se llama dignidad, desconocida en las tierras movedizas en que gusta de chapotear el inquilino de la Moncloa.