Sánchez no quiere más disgustos y cambia a los interventores del Estado por auditores afines

El hecho de que, en circunstancias excepcionales, la Intervención General del Estado se sirva de auditorías privadas para revisar organismos públicos no quita gravedad al hecho de que justo cuando la Intervención, a requerimiento de la Fiscalía europea, ha redactado un informe en el que observa fraude de ley en el contrato de la empresa pública Red.es a la sociedad de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido abrir un concurso público para que sean auditores privados quienes se encarguen de revisar organismos públicos a instancias de los fiscales europeos.

O sea, que para evitar que vuelva a producirse un informe tan demoledor como el realizado por los funcionarios del Estado, Sánchez se dispone a contratar auditores externos, lo que, por otra parte, supone una privatización encubierta de la Intervención del Estado. Insistimos en que no es nuevo utilizar auditoras privadas para revisar organismos públicos, pero lo que tiene visos de escándalo mayúsculo es que no sean funcionarios, sino auditores externos quienes se encarguen de llevar a cabo los informes demandados por la Fiscalía europea. Eso no tiene un pase, porque el grado de independencia de un interventor del Estado es infinitamente mayor que el de un auditor privado que, por la cuenta que le tiene y para seguir contratado por el Gobierno de turno, será mucho más maleable. Dicho de otro modo: ¿Un auditor externo habría redactado un informe como el del funcionario o funcionarios que redactaron el informe que demuestra que Red.es manipuló el concurso público para adjudicárselo al socio de Begoña Gómez? No hay que ser muy sagaz para concluir que no.

En conclusión: Sánchez no quiere más disgustos y ha decidido contratar auditores privados que se adapten a sus necesidades en un momento en que la corrupción rodea a su partido y su familia. ¿Funcionarios independientes? No, gracias, mucho mejor que quienes fiscalicen las cuentas de la Administración sean afectos a la causa.