Sánchez cocina el pucherazo a fuego lento

Poquito a poco, el Gobierno de Pedro Sánchez prosigue en su plan de captación de votos fuera de nuestras fronteras por la vía de ir concediendo nacionalidades a los descendientes de españoles exiliados en virtud de la Ley de Memoria Democrática. Ya son casi 300.000 personas, concretamente 288.000, las solicitudes que han sido aprobadas y 180.000 ya han sido inscritas en el Registro Civil.

Y para que quede constancia del ritmo de nacionalidades baste un dato: el 60% de los 280.000 descendientes de los españoles exiliados ha obtenido la ciudadanía en el último año.  O sea, que van a toda mecha. Si esto no es cocinar a fuego lento -ya no tan lento, por cierto- un pucherazo, que venga Dios y lo vea, porque lo cierto es que el Gobierno se ha lanzado como si no hubiera mañana a capitalizar el voto de los inmigrantes.

Un dato, sólo si se tienen en cuenta las personas que han obtenido la ciudadanía gracias a la ley que Sánchez pacto con Bildu, el PSOE se anotaría casi los mismos votos que obtuvo el PNV en las generales de 2023. A finales de 2024, el número de solicitudes alcanzaba las 609.000, el triple que a cierre de 2023. Por tanto, la cifra final de descendientes nacionalizados podría incrementarse notablemente hasta octubre, mes en el que expira el plazo para poder solicitar la ciudadanía bajo esta normativa.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre del 2022, facilita el acceso a la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles exiliados por la Guerra Civil y la dictadura o emigrantes por otras cuestiones. La nueva ley amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad, pudiendo optar a ella quienes hayan nacido fuera de España y tengan padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, pero que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española por haber «sufrido exilio».

Y también los hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Asimismo, los hijos mayores de edad de aquellos que obtuvieron la nacionalidad española, acogiéndose a la anterior Ley de Memoria Histórica. O sea, todo quisque. Sánchez vende la nacionalidad española a cambio de votos.