Con un Rubiales ya hay suficiente indignidad

Ya va transcurrida prácticamente una semana desde que Alberto Núñez Feijóo recibió el encargo de S.M. el Rey de intentar obtener la confianza del Congreso y ser investido presidente del Gobierno. Desde entonces, estando todavía en agosto, los acontecimientos políticos parecían pasar a un discreto segundo plano ante el horizonte de un largo mes para el correspondiente debate parlamentario los días 26 y 27 de septiembre.

De momento, la actualidad informativa la ocupa Luis Rubiales, que ha conseguido opacar el triunfo de nuestras jugadoras con su improcedente pico a la capitana de la selección y su tan vulgar como obsceno gesto en el palco de Sídney, que ciertamente le inhabilita para ejercer con la dignidad mínima exigible la responsabilidad de presidir la RFEF. Esa noticia está siendo utilizada groseramente por el feminismo oficial del Gobierno (en funciones) y todo el sanchismo para pasar a segundo plano la vergüenza de la compraventa de diputados y votos con Junts y ERC para que puedan formar sendos grupos parlamentarios en el Congreso.

Esa negociación es políticamente obscena, cediendo los votos y los diputados obtenidos por el PSC en Girona y Tarragona para —en un auténtico fraude de ley— permitir que los de Puigdemont gocen de las ventajas políticas y económicas que supone tener grupo parlamentario propio. Lo que la ciudadanía catalana les negó en las urnas con su voto, ahora lo intercambian con Puigdemont para que él les permita seguir una temporada más en La Moncloa. Si la imagen de Rubiales tocándose groseramente sus genitales resulta deplorable, no lo es menos esta otra desde una mínima ética pública. Los precedentes de anteriores legislaturas con cesión temporal de diputados, que ya era poco presentable, han sido ahora aumentados de tal forma, que superan todo lo imaginable, y debe llevar a su radical eliminación del Reglamento de la Cámara.  Lamentablemente, el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido —más propio de la Venezuela de Maduro— ya se encargará de constitucionalizarlo. El PSC, el distintivo catalán del PSOE, se ha convertido así en una marca blanca del separatismo liderado por un prófugo de la Justicia para eludir su responsabilidad por el golpe de Estado que pretendió separar a Cataluña de España, fracturando la unidad nacional y el propio fundamento de la Carta Magna.

Los votantes socialistas de Tarragona y Girona algo tendrán que opinar al respecto, cuando su voto se contabiliza como emitido a Junts, y no digamos los cuatro diputados electos que se prestan como mera mercancía a ese juego. El PS (Partido Sanchista, ex español) dándole una inyección de financiación y visibilidad política al separatismo para que le permita seguir en el machito. Por su parte, su partner en el Gobierno, la comunista Yolanda Díaz, completa y complementa la operación de compraventa cediéndole los votos y los diputados que le faltan a los de Junqueras, que forma parte con Otegi del «bloque de izquierdas, republicano y separatista».

Esta vergüenza es la cuestión previa para comenzar las negociaciones propiamente dichas, que se llevan a cabo en secreto dado el escándalo que provocaría el conocimiento del mercadeo de la dignidad nacional puesta en almoneda por los sanchistas al servicio del secesionismo. Es sabido que incluyen como esenciales la amnistía y un referéndum para ejercer el derecho a decidir. Ambas son exigencias inconstitucionales, pero las togas de Pumpido están para ser arrastradas al servicio de Sánchez. Ante este espectáculo, el PP debería aplicarse lo que el Almirante Méndez-Núñez afirmara en el contexto de la guerra en la España de ultramar: «Más vale honra sin barcos, que barcos sin honra»; más vale esperar a llegar al Gobierno con dignidad, que hacerlo como Sánchez.

Con Bildu, ERC y Junts no hay nada que hablar en la situación actual. En cuanto al PNV, que se lo piensen bien: ir de comparsas con esos aliados no parece que les esté resultando muy beneficioso para sus intereses. Con un Rubiales en el fútbol ya hay suficiente: España no necesita otro en el Gobierno.