Resistencia tiene nombre de mujer

Se llama Ana, es catalana y es la voz de la Asociación por la Escuela Bilingüe. Junto a un valeroso grupo de hombres y mujeres de Cataluña ella lleva años defendiendo el derecho de los niños a ser educados en la lengua materna, también cuando esta es el español o castellano. Ella y quienes la acompañan en ese heroico empeño son los defensores de la libertad concreta en Cataluña y encarnan la resistencia frente a la dictadura del nacionalismo identitario y antidemocrático.

Ana Losada ha anunciado que Escuela Para Todos va a presentar una demanda de ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que en todo el sistema educativo y para todos los alumnos catalanes haya un mínimo del 25% de asignaturas impartidas en castellano.

 Y es que la finalización del plazo para ejecutar de forma voluntaria la sentencia que repone la legalidad constitucional en las escuelas de Cataluña –libertad de elegir, derecho a ser educados y a hablar en la lengua del Estado- ha coincidido con la publicitación de un acuerdo entre los separatistas, los golpistas y el Partido Socialista en Cataluña (el dirigido por el ex ministro de los más de cien mil muertos por la pandemia) que no es sino una artimaña legal para intentar que se siga vulnerando el derecho constitucional de los niños a ser educados en su lengua materna y el derecho constitucional de los padres a elegir libremente el modelo educativo.

Desde que se publicó la sentencia, la Generalidad de Cataluña ha venido señalando que no acatarán la ley. Ahora es el Partido Socialista Obrero Español, el partido del que es líder absoluto quien preside el Gobierno de España, quien promueve un acto de filibusterismo político y promueve una ley “catalana” para que el gobierno dirigido por los golpistas a quienes Sánchez ha indultado “tenga un paraguas para blindar la inmersión”. O sea, una ley para convertir a Cataluña en una isla en la que se pueda vulnerar el marco constitucional, para desconectar a Cataluña de la Constitución y de sus leyes y para que sea “legal” vulnerar las sentencias de los tribunales que protegen los derechos de los ciudadanos.

Cuando quien tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias de los tribunales se rebela contra ellas, estamos ante un golpe contra la democracia perpetrado desde la institución que la representa. La sede del golpismo ha dejado de estar en Cataluña; la dirección del golpismo está en Moncloa, lo que hace que la situación resulte aún más peligrosa y difícil de combatir.

Los españoles de bien tenemos la obligación de seguir la senda de los resistentes que desde Cataluña no han cejado en dar la batalla en defensa de la democracia, conciudadanos nuestros que están defendiendo los derechos de sus hijos porque creen en la igualdad y porque están decididos a desterrar la sumisión al sectarismo y el ejercicio de la arbitrariedad por parte de las autoridades.

Cuando finalizó la recogida de firmas a favor de una demanda colectiva (dos meses de presencia en las calles de Cataluña), Ana Losada leyó un comunicado en el que destacaba los testimonios de las familias que se han acercado a las carpas. “Gracias por defendernos” y “ojalá lo consigáis” fueron las frases más repetidas. He aquí algunos de esos párrafos:

“Nos han dado las gracias los ahora abuelos que llegaron a Cataluña en los años 60 y que se enorgullecían entonces de que sus hijos pudieran estudiar en catalán y en castellano en EGB y en BUP y que ahora son tratados como colonos y se preguntan cómo hemos llegado a esta situación”.

“Nos han dado las gracias maestros del interior de Cataluña que preguntan cómo pueden ayudar a sus alumnos de origen latinoamericano que se esfuerzan por trabajar y estudiar y tienen dificultades  para entender las materias”.

“Ojalá lo consigáis”, nos dicen con cara de incrédulos ciudadanos europeos que viven en Cataluña y confirman que cosa así no ocurre en ningún otro país del mundo democrático”.

“Ojalá lo consigamos”, suspiran padres de alumnos de infantil que ya han oído a sus hijos la repetida frase de “el castellá a casa, a l’escola el catalá”.

Por todos ellos, por los que queremos igualdad de derechos lingüísticos, por los que no creemos ni hemos creído nunca que la defensa de una lengua pase por pisotear los derechos de los alumnos, porque es posible y casualmente constitucional la convivencia del catalán y el castellano, perseveraremos hasta conseguir la aplicación de la sentencia”.

Estos ciudadanos a quien da voz Ana Losada, tan ejemplares como anónimos, han conseguido que 1500 catalanes se adhieran a la demanda colectiva que AEB presentará  para exigir la ejecución de la sentencia. Y si el Gobierno de Pedro Sánchez Castejón, -instigador de este último acto de rebelión contra la democracia que representa una ley que tiene por objetivo burlar las leyes y las sentencias de los tribunales-  no exige la ejecución de la sentencia, habrá que ir contra el propio Gobierno de la Nación.

Esto no es un asunto sólo de “catalanes constitucionalistas”. Todos los españoles hemos de estar dispuestos a hacer lo que corresponda para sentar ante los tribunales de Justicia a Sánchez y su gobierno si se niegan a instar la las autoridades catalanas a ejecutar la sentencia.

Atentos, españoles todos, que a lo mejor toca ya salir a librar la batalla. En legítima defensa.