El Poder Judicial carga contra Iglesias en defensa del Estado de Derecho

En un comunicado sin precedentes -nunca en la historia democrática el órgano de los jueces había cargado tan duramente contra un miembro del Gobierno-, el CGPJ ha contestado a las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que aseguró que la justicia europea había humillado a la española, en referencia a la sentencia del Tribunal de la UE sobre el preso por sedición Oriol Junqueras.

El CGPJ reclama «moderación, prudencia y mesura y apela a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial». Lo que hizo Pablo Iglesias, en una exhibición de desconocimiento y mala fe a partes iguales, fue cuestionar la independencia y autonomía del Tribunal Supremo para sumarse a las tesis de los golpistas catalanes.

El problema del secretario general de Podemos es que parece no entender que, además de líder de una formación de ultraizquierda,  es vicepresidente del Gobierno de España y sus opiniones ya no tienen un mero carácter partidista, de ahí que el CGPJ se haya visto obligado a salir en defensa de los jueces, vilipendiados por quien ocupa una de las más altas responsabilidades en el Ejecutivo español.

A nadie se le oculta que lo que subyace tras el comunicado del Poder Judicial es el descontento y malestar por la intención del Gobierno socialcomunista de orillar la Justicia para satisfacer las demandas de los separatistas catalanes que han llevado a Pedro Sánchez a La Moncloa. Las declaraciones de Pablo Iglesias constituyen un ataque frontal a los jueces dentro de una estrategia orientada a quebrar la separación de poderes, piedra angular del Estado de Derecho.

«Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho», dice el CGPJ en defensa del Tribunal Supremo.

No ha sido, en definitiva, una torpeza fruto de la inexperiencia en las labores de Gobierno de Pablo Iglesias, sino una opinión reveladora de su pensamiento totalitario. Ese es el problema. Los jueces, que se sienten acosados, son conscientes de que el problema de fondo es que el Gobierno de España ha trazado una siniestra estrategia de desjudicialización del procés. O dicho de otro modo: lo que pretende es quebrar el Poder Judicial para cumplir con las exigencias de quienes subvirtieron el orden constitucional y ahora buscan que el Gobierno diluya las instituciones del Estado.