Vuelven las checas

El verbo de Juan Carlos Monedero se llena de totalitarismo justo antes de las elecciones generales. Su discurso del pasado miércoles en Cartagena supura unas intenciones censoras y persecutorias que deberían ser tomadas muy en serio por todas aquellas personas de firmes convicciones democráticas que votarán el próximo 26 de junio. El fundador e ideólogo de Podemos amenaza con «un Gobierno presidido por Pablo Iglesias que dé la orden a jueces y guardias civiles para meter en la cárcel a todos estos sinvergüenzas del PP». Unos tics dictatoriales totalmente contrarios a los principios de un Estado democrático, donde el Ejecutivo de turno no debe ingerir en ningún caso, menos por mera voluntad, en las acciones de jueces y guardias civiles. Las palabras de Monedero atacan la dignidad y honradez de miembros y simpatizantes del Partido Popular. Con la excusa de los casos de corrupción, el podemita toma la parte por el todo y, al más puro estilo populista, deja caer el mensaje de que cualquiera que dé su confianza al partido presidido por Mariano Rajoy merece ser castigado.

Un ataque directo no sólo a los más de 7 millones de votantes que los de Génova 13 tuvieron el pasado 20 de diciembre, sino también a todos aquellos que rechazan las doctrinas podemitas. Juan Carlos Monedero se comporta como si hubiera mutado en una especie de Félix Dzerzhinski, padre ideológico del Terror Rojo que provocaron las checas, aquellas organizaciones políticas y militares que desde 1917 sirvieron a los jerarcas comunistas para reprimir a todos aquellos que no compartían sus postulados. En España, por ejemplo, las víctimas de estas organizaciones se cifran entre las 38.000 y las 85.000 personas. Con estas palabras, Monedero reedita lo peor de nuestro pasado reciente y demuestra que la ideología de Podemos navega entre las aguas del comunismo más rancio y el chavismo que ha llevado la ruina social y civil a Venezuela.

En primer lugar, habría que recordarle al señor Monedero que el principio fundamental de sus amenazas se asienta sobre una falacia, ya que ni jueces ni guardias civiles pueden estar en política como tales si no han renunciado a sus puestos con anterioridad. En segundo lugar, habría que preguntar a los componentes de estos respetables colectivos qué les parece que este partido político se adueñe de sus voluntades y hable por ellos al respecto de sus teóricas intenciones. En tercer lugar —quizás lo más grave— la sociedad española debería reflexionar sobre esa constante tendencia en la nueva política de tratar de controlar tanto a jueces como a militares. Algo que no es nuevo, ya que el pasado mes de febrero Pablo Iglesias ya exigió la adhesión de jueces y fiscales al Gobierno para que su partido diera el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.