Otro intento de someter a los jueces

Podemos no ceja en su voluntad de someter a los jueces. Después de proponer un escrache oportunista al Tribunal Supremo por la resolución sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el partido de Pablo Iglesias ha renunciado por completo a la tan cacareada «independencia judicial» para entregarse en cuerpo y alma al intento de controlar la justicia en España. Un tic más propio de sus socios bolivarianos de Caracas que de un partido que, teóricamente, surgió para «regenerar las instituciones en España». No obstante, de todos es sabido que la nueva política nació vieja, de ahí que tras el intento infructuoso de apoderarse de parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ahora quieran vetar por ley la actividad de conferenciantes que desempeñan los jueces.

Sumidos en este disloque, incluso quieren incluir a los jueces jubilados. Un intervencionismo en las instituciones que recuerda al comunismo más rancio. Con esta medida, ponen en tela de juicio la honestidad de los profesionales de la justicia, ya que alegan que es para «velar por la confianza pública». Una confianza que, lejos de darse por medidas coercitivas como ésta, vendría de manera más sólida si los propios jueces pudieran escoger a los integrantes del órgano de gobierno del Poder Judicial. Un hecho al que Podemos, sin embargo, se ha negado hasta el punto de tratar de imponer perfiles tan cuestionables como Victoria Rosell o José Ricardo de Prada.

Hace sólo unos meses, cuando no tenían posibilidad de tocar poder, calificaban al CGPJ como «historia negra de este país». Ahora, sin embargo, cuando ostentan la Copresidencia de España junto al PSOE de Pedro Sánchez, quieren intervenir en la distribución del mismo e, incluso, en la vida profesional de los jueces. Nadie pone en duda que la carrera judicial lleva aparejada una incuestionable ejemplaridad. Algo de lo que ya goza nuestro país en la práctica totalidad de los casos y que, desde luego, no se malea por unas conferencias. Las constantes incoherencias y laxitudes del discurso político de Podemos no le señala, precisamente, como el partido más indicado para dar consejos a nuestros jueces.