Ni mediación ni diálogo, en todo caso benevolencia

El Gobierno debe rechazar cualquier tipo de diálogo o negociación con los golpistas. De otro modo, legitimarían los resultados del referéndum, una chapuza además de una ilegalidad perseguida por el Tribunal Constitucional. Lo dijo hace unos días un histórico del socialismo como Alfonso Guerra y, aunque con otras palabras, lo ha vuelto a decir este martes la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría: «No se puede negociar con los golpistas». Ahora que Carles Puigdemont ha representando en el Parlament el penúltimo sainete secesionista, cobra más sentido si cabe la táctica de mesura y ponderación que ha llevado Mariano Rajoy, quien ha buscado el momento justo para aplicar la ley. Puigdemont personaliza un procés agotado por el contexto y sus consecuencias legales. Acorralado, el presidente de la Generalitat ha conseguido por sí solo desactivar el ardor de la minoría golpista que pretende secuestrar el orden constitucional en Cataluña. 

En una nueva demostración de un inagotable talento para hacer el ridículo, su declaración de independencia ha durado exactamente 10 segundos. Seguramente haya sido la república más breve en la historia de las repúblicas. Con su gatillazo en forma de inmediata suspensión, el president ha cosechado un rotundo fracaso ante sus prosélitos —los diputados de la CUP ni siquiera le han dado la mano— y ha reforzado la táctica de firme mesura que ha desarrollado Rajoy. La derrota se ejemplifica en una imagen: los seguidores estelados abandonando cabizbajos la zona de reunión en la calle tras el discurso de Puigdemont. Si Mariano Rajoy se hubiera precipitado, nunca hubiéramos llegado a un escenario donde el regidor autonómico se ha encontrado en tal callejón sin salida que no ha tenido más remedio que decepcionar hasta el silencio a sus partidarios. 

Sin embargo, y a pesar de esta independencia a plazos, no deja de haber una declaración de ruptura y, por lo tanto, el Estado de Derecho ha de reaccionar con todos los recursos a su alcance. El Gobierno debe actuar con arreglo a la ley para frenar una deriva que ha durado ya demasiado y que podría cercenar la excelente salud de nuestra economía. Hace bien Rajoy en reunirse con las grandes fuerzas políticas del Congreso de los Diputados y hace bien en buscar el máximo consenso. No obstante, en el Consejo de Ministros extraordinario de este miércoles no cabe otra solución que aplicar el artículo 155 para devolver el orden constitucional a la comunidad autónoma catalana. Una decisión que debería contar con el apoyo de los grandes partidos constitucionalistas: PSOE y Ciudadanos. De ser así, el principio del final de este inaceptable ataque a España estará más cerca.