La Memoria de la Fiscalía deja en evidencia al fiscal general

Lo de la Fiscalía General del Estado es surrealista: su máximo responsable, Álvaro García Ortiz, está a punto de ser imputado por revelación de datos confidenciales sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso mientras la Memoria del Ministerio Público señala de forma meridiana que «los datos personales» que aparezcan en una comunicación pública deben ser «previamente disociados». Es decir, se deben ocultar o modificar para evitar reconocer a quien se refiere con el objetivo de cumplir con «la normativa sobre protección de datos». O sea, lo contrario exactamente de lo que hizo García Ortiz. Por ser más precisos, el fiscal general del Estado se pasó la recomendación de la institución que preside por el arco del triunfo. Fastuoso.

En la Memoria de la Fiscalía General se establece la necesidad de imponer límites a la hora de transmitir información. En primer lugar, señala que debe hacerse «con pleno respeto a los derechos que pudieran verse afectados». Cualquiera diría que está describiendo fielmente lo que no hizo el fiscal general del Estado, pues en lugar de ocultar las referencias personales del novio de la presidenta madrileña, García Ortiz desveló datos que afectaron gravemente a su derecho a la defensa.  Entre lo expresado por la Memoria de la Fiscalía y lo expresado por el fiscal general hay dos visiones enfrentadas, pues este último dijo que el estatuto orgánico de la Fiscalía prevé «garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz». ¿En qué quedamos?

Lo reclamado en la Memoria de la Fiscalía se incumplió con la nota de prensa que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la pareja de Ayuso, quien estaba acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad documental. El comunicado se emitió a instancia de García Ortiz y mencionaba expresamente el nombre de Alberto González Amador, así como las comunicaciones privadas, fechas y expresiones concretas entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal, un intercambio de mensajes protegido a su vez por el secreto profesional. En suma: la Memoria de la Fiscalía deja al fiscal general a los pies de los caballos.