Medidas eficaces frente a propaganda nociva

Cuando llegamos al cumplimiento de la tercera semana en la que impera el estado de alarma, con las restricciones durísimas que están vigentes, agravadas en la prórroga de dicho estado, ya se filtra de manera insistente que esto no acabará el once de abril, fecha en la que expira la ampliación concedida por el Congreso, sino que irá mucho más lejos, por lo menos otros quince días y quién sabe si no más allá.

Estas decisiones se han tomado tras no haber reaccionado rápido, en enero, ante la situación, protegiendo a los grupos de riesgo, que hubiese permitido mitigar la rapidez de los contagios y posiblemente salvar muchas vidas, especialmente de los mencionados grupos de riesgo, al tiempo que no habría que haber adoptado después unas medidas tan extremas, como prohibir la producción a una buena parte del entramado empresarial para luego incrementar la dureza y prohibir todo trabajo que no sea considerado como esencial.

Y esas decisiones, tan duras, que limitan libertades fundamentales, no terminan de explicarse técnicamente. Siempre oímos decir que un comité de expertos las propone, pero no nos han presentado estudios de dicho comité que analice el caso español y nos muestre pruebas de una correlación clara que nos diga que estas medidas permiten que la situación vaya a mejorar. Si no se hubiesen producido los contagios masivos por las manifestaciones multitudinarias permitidas, e incluso incentivadas, desde el poder ejecutivo, no se habrían saturado los servicios sanitarios y se habría podido actuar de otra manera.

¿Qué sucede ahora? Que tras sus fallos iniciales, no parece que el Gobierno vaya a atreverse a reducir las restricciones con el número de contagiados y fallecidos actuales. En lugar de tratar de conseguir realizar test rápidos masivos, para poder evitar contagios sin frenar la actividad económica, el Gobierno parece que ha tirado la toalla, tras los episodios tragicómicos de la compra de “gangas” -como dijo algún miembro del Gobierno- que resultaron inservibles, y confía todo al confinamiento. Sí, habrá menos contactos, desde luego, pero eso no garantiza que se supere la enfermedad, ni siquiera que el contagio no se extienda.

La economía no puede seguir parada mucho más tiempo, porque se desangra. Con estas medidas, se está condenando a la ruina a cientos de miles de empresas y autónomos que no tienen forma de subsistir un período largo sin ingresar y teniendo que pagar todo. Con ello, se está enviando también a la miseria a cientos de miles, incluso millones, de trabajadores por cuenta ajena, porque si estas empresas no subsisten y no vuelven a abrir nunca por haberse asfixiado económicamente, esos empleos desaparecerán para siempre.

Conmocionada como está, lógicamente, por la acumulación rapidísima de fallecimientos a causa del coronavirus, la sociedad española no es capaz de ver que si se sigue sin hacer nada vendrá una crisis económica que será incluso peor que la sanitaria, porque si el tejido productivo queda maltrecho, se producirá ese aumento atroz del desempleo. Con ello, una caída de recaudación en Sociedades, IRPF, IVA y Cotizaciones a la Seguridad Social, y un aumento del gasto por prestaciones por desempleo. Las pensiones serán sostenidas cada vez por menos cotizantes, con lo que el riesgo de su colapso se podría anticipar. Así, con la presión del gasto de prestaciones por desempleo y la caída de ingresos, si no hay recuperación rápida habrá que bajar el gasto en el resto de partidas, incluida la de sanidad.

Tendremos entonces, ojalá que no se cumpla, el drama social de millones de desempleados sin ahorros para resistir, porque los gastaron en la anterior crisis económica, y una sanidad que no podrá mantener el nivel de excelencia actual, porque no nos lo podremos permitir ante el empobrecimiento que se vislumbra y, con ello, se podrá atender peor, que puede traducirse en un incremento de la tasa de mortalidad por todo tipo de enfermedades.

Por eso, como bien decía en una entrevista el Dr. Antoni Trilla, jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, hay que medir mucho las decisiones que se toman, porque la recesión puede tener peores consecuencias sociales que la epidemia.

El Gobierno debería estudiar, sin prejuicios, fórmulas más efectivas y eficientes para combatir la pandemia y lograr mantener la actividad productiva. Sé perfectamente, porque lo he vivido, que un alto cargo de una administración tiene que tomar decisiones muy complicadas, cuyas alternativas no son de fácil elección, y que vive la soledad de la última decisión o de elevar esa última decisión. Es duro, pero va en el cargo, que debe ser de servicio público. El Gobierno no puede seguir enrocado en posiciones que no consiguen resultados y que nos llevan a la ruina, por mucho que cada semana, a cada instante, nos lo envuelvan con palabras de ánimo, de resistencia conjunta, de almíbar. No, esta doble crisis se resuelve con determinación y firmeza, con explicaciones y medidas que permitan combatir ambas derivas de la enfermedad -la sanitaria y la económica-. Para ello, debe realizar pruebas que permitan aislar la enfermedad de una vez por todas, y, al tiempo, que permitan reabrir la economía, dotando, paralelamente, de liquidez real e ilimitada, no de fuegos de artificio para venta política, a las empresas, pymes y autónomos, a los que además debe condonarles impuestos y cotizaciones mientras duren las restricciones. Nos jugamos la economía y la sociedad, y no es momento, por tanto, de que nadie haga política, sino de que se adopten actuaciones que den resultado y eviten también la ruina, cosa no lograda hasta ahora. Todavía estamos a tiempo de conseguirlo.