Más que una regularización masiva de inmigrantes es un masivo pucherazo

Entre la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, vía real decreto y saltándose a la pídola al Congreso, y la llamada ley de los nietos del exilio enmarcada en la ley de Memoria Democrática, más de tres millones de personas podrán optar a la nacionalidad española, lo que les permitirá votar en las elecciones generales y autonómicas. Las condiciones para acceder a la regularización son mínimas: llevar cinco meses viviendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales o, incluso, teniéndolos si no son graves. El Gobierno cifra en 500.000 las personas que podrán acogerse a la regularización, si bien otros organismos elevan esta cantidad por encima de los 800.000, teniendo en cuenta el efecto llamada que provocará la medida del Gobierno.

Los extranjeros que residan legalmente en España pueden acceder a la nacionalidad en el plazo de diez años, aunque hay excepciones: cinco años en el caso de las personas que hayan obtenido la condición de refugiado y dos para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Y luego están los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil: por ahora ya se han nacionalizado medio millón de personas, pero se sabe que más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes han tramitado ya su solicitud para obtener la nacionalidad en virtud de esta ley, aprobada gracias al apoyo de Bildu.

Además, alrededor de 1,3 millones han solicitado cita para iniciar el procedimiento, que aún no se ha completado por los retrasos burocráticos. Echen cuentas, sumen y llegarán a la conclusión de que lo que está preparando el Gobierno de Pedro Sánchez es un pucherazo masivo. Dicho de otro modo: como no le votan los de aquí, se trae a los de fuera para que se conviertan en su mayor apoyo electoral. Y es que en varias tacadas el Gobierno ha provocado todo un terremoto en el censo electoral.