Marlaska pone en peligro la salud de miles de guardias civiles

Pese a que un tercio de los cuarteles de la Guardia Civil -710 exactamente, según el propio Ministerio de Interior- están afectados por un gas radiactivo, el gas radón, cuya inhalación supone la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco, el departamento de Grande-Marlaska se sigue negando a llevar a cabo las comprobaciones y mediciones pertinentes a las que obliga el Reglamento sobre Protección de la Salud, que en su artículo 75.1.c establece que los titulares de todos los lugares de trabajo situados en planta baja rasante o planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria «deberán estimar el promedio anual de concentración de radón en aire en todas las zonas del lugar de trabajo en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, excluidas las zonas al aire libre».

Desde la publicación en el BOE de este Real Decreto, Interior contaba con un año y medio de plazo para realizar estudios, contratar y empezar las mediciones, pero no ha hecho absolutamente nada poniendo en juego la salud de miles de agentes de la Benemérita. Es más, en septiembre de 2024, la Guardia Civil aseguró que había puesto en marcha un proceso de licitación para contratar a una empresa que realizara mediciones de este gas en los cuarteles y así evaluar los riesgos a los que se enfrenta el personal, como prueba un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. Sin embargo, esa licitación no se ha producido y «siguen sin tomarse medidas preventivas que garanticen la salud de los trabajadores», según denuncia  la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Estamos ante un asunto de extrema gravedad -vital cabría decir- ante el que el Ministerio de Interior no puede bajo ningún concepto permanecer de brazos cruzados. Si existe un riesgo potencial para la salud de los agentes, cada día que se pierde es exponerlos -a ellos y sus familias- ante un daño potencial de funestas consecuencias.