Lugares de olvido

En este Gobierno que nos desgobierna no hay nada que mantenga el más mínimo apego a la realidad. Todo es una continua fabulación, construida en paralelo a los mimbres de la verdad, a la que asfixia con la tenacidad de una enredadera.

Sólo así se entiende que los socialistas salgan ufanos a anunciar la declaración como «lugar de memoria» de la antigua cárcel de Carabanchel, con arreglo a la Ley de Memoria Democrática, después de que otro Gobierno del PSOE la demoliera en 2008.

La prisión de Carabanchel fue levantada en los años 40 del siglo pasado por la dictadura. Tuvo presos políticos y comunes. Un total de 202 detenidos fueron ejecutados por el régimen en Carabanchel, según la investigación de Manuel García Muñoz recogida en su libro Detrás de las rejas.

La cárcel fue demolida bajo el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, siendo el Ministerio del Interior el titular del edificio. Es decir, que los que no dejaron piedra sobre piedra de aquel presidio, salvo el hospital penitenciario reconvertido en Centro de Internamiento de Extranjeros, son los mismos que ahora intentan reconstruirlo por decreto en el imaginario de la sociedad española.

Aquella cárcel había sustituido a la Modelo, en el barrio de Argüelles, que fue demolida después de la Guerra Civil. En la contienda, la Modelo fue centro de detención de personas cuyo único delito era, en la inmensa mayoría de los casos, no comulgar con el Frente Popular. Allí se produjo el 22 de agosto de 1936 una matanza de presos a manos de las milicias, incluidos insignes republicanos como Melquiades Álvarez, el mentor político de Azaña, que pensó en dimitir como presidente de la República por aquellos asesinatos.

Ideada para albergar a 1.200 presos, la población reclusa de la Modelo en noviembre de 1936 superaba los 5.000 detenidos. Antes de ser desalojada por la proximidad del frente durante la batalla de Madrid, de ella salieron varias expediciones los días 7 y 8 de noviembre, con un millar de presos, que serían masacrados en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz.

Franco echó abajo la Modelo para levantar el Ministerio del Aire, hoy Cuartel General. A Sánchez no se le ha ocurrido declarar ese espacio como «lugar de memoria». Otras antiguas cárceles del Madrid bélico, como Ventas, Porlier o San Antón, protagonistas de las «expediciones negras» de 1936, cumplen también los requisitos del artículo 49 de la Ley de Memoria Democrática, pues en ellas se desarrollaron «hechos de singular relevancia por su significación histórica» vinculados a la represión y violencia sobre la población durante la Guerra Civil.

También está prevista la declaración de «lugar de memoria» del antiguo cementerio del Este, hoy de La Almudena, para recordar a los cerca de 3.000 fusilados por los vencedores de la contienda, entre ellos 80 mujeres, entre 1939 y 1944.

Ya hubo polémica entre el Gobierno de Manuela Carmena y su Comisionado de Memoria Histórica por la intención de levantar un monumento que incluía a centenares de victimarios. La controversia llevó finalmente a la disolución del Comisionado, formado por personalidades como Francisca Sauquillo, Amelia Valcárcel, José Álvarez Junco, Octavio Ruiz Manjón o Andrés Trapiello.

Tal y como figura en las actas del Comisionado, su voluntad fue evitar «la producción de nuevos agravios al tratar de evitar otros», por lo que sostenía que aquel monumento «debería incluir los nombres de los fusilados o asesinados en Madrid en el periodo de 1936-39 cuya ejecución ocurrió en ese mismo cementerio o sus cuerpos fueron depositados allí».

Porque, además de matanzas como las de 23 monjas adoratrices o 53 guardias civiles, allí tuvieron lugar cerca del 20% de los “paseos” que se produjeron en la capital durante el dominio frentepopulista, según afirma Javier Cervera en su libro Madrid en guerra.

A nada de esto se refiere el anuncio del Gobierno de Sánchez sobre la declaración de La Almudena como «lugar de memoria». En este aspecto se trata más bien de un «lugar de olvido». El gobernante dicta lo que debe recordarse o cancelarse según refuerce o no la legitimación de su poder. Puro franquismo.

Es difícil sostener que, a partir de una determinada fecha, 16 de abril de 1939, día de los primeros fusilamientos habidos allí en la posguerra, los de Manuel Alcázar Monje y Antonio Sánchez Fraile, las tapias de La Almudena sean un símbolo de la barbarie y la intolerancia, y que cancelar los mismos fusilazos y regueros de sangre de esa fecha para atrás sirva para fomentar los valores democráticos.

El tercer «lugar de memoria» anunciado es la antigua Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, escenario de torturas y asesinatos de detenidos bajo el franquismo. Paradójicamente, uno de los últimos casos de malos tratos se produjo en 1983 bajo el Gobierno del PSOE: la víctima fue un policía, José Manuel Castán Belmonte, que falleció tres meses después.
Hoy es sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid por decisión de un presidente regional socialista, Joaquín Leguina, antiguo militante antifranquista. En el expediente de declaración puesto en marcha por Sánchez también se silencian terribles capítulos de la Real Casa de Correos en la Guerra Civil.

Entre sus cuatro paredes, siendo Ministerio de Gobernación, se decidió en agosto de 1936, al comienzo de la contienda fratricida, la puesta en marcha de un instrumento de terror, el Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP), que en sólo tres meses dejó Madrid sembrado de miles de cadáveres de personas consideradas desafectas al Frente Popular.

Más conocido como checa de Bellas Artes o de Fomento, por sus sucesivas sedes, en el Círculo de Bellas Artes y en la calle Fomento 9, el CPIP coordinó la actuación represiva de las checas de partidos y sindicatos. Un estudio del Instituto de Estudios Históricos del CEU, sufragado por el Gobierno de Zapatero, contabiliza 345 checas en Madrid en 1936, cuatro por cada kilómetro cuadrado, de las que medio centenar eran socialistas.

El estudio las responsabiliza de más de dos mil asesinatos en la capital.
El Ministerio de Gobernación republicano, con el socialista Ángel Galarza a la cabeza desde septiembre de 1936, promovió la actividad del CPIP con plena dedicación. Para asear la implicación del departamento en la represión ante el cuerpo diplomático y la prensa extranjera, se abrió una delegación clandestina de Sol en la calle Marqués de Riscal 1, en el palacio de los condes de Casa Valencia: la llamada Primera Compañía de Enlace del Ministerio de Gobernación.

El jefe de esta checa, Alberto Vázquez Sánchez, acudía casi a diario a la sede de Gobernación en Sol a recibir órdenes directas de Galarza. Incluso era frecuente que los chequistas bajo su mando fueran allí a por información sobre las personas que debían detener, como señala Javier Cervera. En Marqués de Riscal hubo más de doscientos detenidos en alguna ocasión. Uno de ellos fue el duque de Moctezuma, asesinado después en Aravaca. Algunos de estos chequistas hacían turnos de guardia en Sol. Varios acompañaron como escoltas al ministro socialista en su huida a Valencia cuando se acercaban las tropas de Franco.

Si de verdad le interesaran las víctimas de la violencia, fueran cuales fueran sus verdugos, el Gobierno de Sánchez trabajaría para que todo aquel horror vuelva a ser un motivo de piedad compartida, sin cancelar ninguna parte de la historia. Ese fue el legado impagable de nuestros padres y abuelos, que lo vivieron y sufrieron.

Sánchez ha decidido dilapidar ese legado de largo recorrido para la convivencia por unas míseras ganancias cortoplacistas para la política. Porque lo único que parece interesarle es grabar en mármol cualquier mentira, y las medias verdades lo son, si cree que puede ayudarle a mantenerse en el poder.