La Ley siempre acaba ganado

El 21 de octubre de 2017 permanecerá en la historia de nuestro país como el día en que la España constitucionalista paró en seco el golpe de Estado de los independentistas catalanes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un acuerdo fundamental con el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aplicado el artículo 155 de la Constitución española con la firme voluntad de restablecer el orden democrático perdido en Cataluña. Una jornada que ha dejado claro que el Estado de Derecho siempre prevalecerá sobre las veleidades rupturistas. No se puede jugar con la estabilidad del país a base de ilegalidad y chantaje, tal y como han señalado en las últimas fechas autoridades comunitarias tan significativas como Antonio Tajani o Jean-Claude Juncker.

El artículo 155 se aplicará con firmeza pero, al mismo tiempo, considerará con detalle la situación de los catalanes. El Gobierno ha acertado hasta el momento en su voluntad de no precipitarse. El respeto de Rajoy a los tiempos políticos, su capacidad para gestionarlos, ha sido fundamental para poder llegar a esta situación con el mínimo trauma posible. También la disposición y el sentido de Estado –excepción hecha de Podemos- de las principales fuerzas políticas. Sólo Puigdemont y su actitud kamikaze han sido los culpables de que lleguemos a la aplicación total de la ley. Sólo la sinrazón secesionista, casi totalitaria en algunas de sus acciones, ha provocado que el Ejecutivo español recurra al estricto cumplimiento de la norma máxima de nuestro ordenamiento legal para frenar una ilegalidad que de proseguir como hasta ahora supondría la ruina de Cataluña y, por ende, de toda España.

Tal  y como ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, la aplicación del artículo 155 culminará con la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña en el plazo máximo de seis meses. Ocasión propicia, por legal y consensuada, donde los catalanes podrán dirimir el futuro de su región. Unos comicios con todas las garantías de legitimidad donde no habrá papeletas por el suelo, personas que puedan votar hasta cinco veces o electores que depositan su voto con un Documento Nacional de Identidad falso, tal y como pasó en la charlotada del 1-O. El cauce que debería dirimir, ahora y siempre, la voluntad de una determinada comunidad de individuos pero que al otro lado del Ebro se ha convertido en algo tan extraño como la libertad. Esta aplicación del 155 concierne, sobre todo, a los líderes del Golpe, Puigdemont y Junqueras, y a su colaborador necesario Josep Lluís Trapero, el hombre que hizo de la inacción una forma de traición. Con ellos juzgados, y con Cataluña bajo los mandatos legales, el horizonte resulta esperanzador. Habrá, desde la CUP y desde el populismo bolivariano de Podemos, quien tratará de torpedear la aplicación de la ley. No obstante, el futuro de Cataluña será viable si está del lado de la legalidad vigente. Una garantía que da el sistema que inauguramos en 1978 y que hoy está más vigente que nunca.