¿Juezas machistas o políticas analfabetas?

Anoche eran 11, a primera hora de esta mañana ya iban 14 y mientras escribo estas líneas escucho por la radio que ya son 16 los condenados por abusos sexuales que se han beneficiado de reducciones de pena por causa de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del sólo sí es sí auspiciada por Pedro Sánchez e Irene Montero y apoyada por Ciudadanos y el resto de los partidos políticos representados en nuestras Cámaras, excepto VOX y el PP. El ritmo al que se van conociendo las resoluciones es tan elevado que cualquier cifra que yo pusiera aquí ahora ya estaría superada a la hora que se publique este artículo. Y detrás de cada uno de estos violadores hay un número aún mayor de víctimas, porque en varios casos un abusador lo ha sido de varias mujeres o niños que en estos momentos asisten atónitos e indignados a un debate que sólo se acuerda de ellos para utilizarlos en batallas ideológicas que les son ajenas.

Llevábamos meses escuchando a decenas de expertos juristas anunciando que esto iba a pasar. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en su informe preceptivo de febrero de 2021, que esta reforma provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubieran impuesto penas conforme a la regulación anterior. Y no fueron los únicos, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social también plantearon objeciones en sus informes. Pero tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, calificaron el asunto de «propaganda machista», llegando a asegurar en el Congreso hace sólo 15 días que «no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer». Y ahora, cuando se han empezado a publicar las reducciones de penas anunciadas por todos los expertos, las podemitas acusan a las juezas de prevaricar y de estar «incumpliendo la ley por machismo».

Se da la circunstancia de que la mayoría de resoluciones judiciales que están rebajando las penas de los violadores son emitidas por mujeres jueces, pese a que este es el único caso en que Podemos no usa el lenguaje inclusivo cuando sólo habla de jueces machistas. Según el Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial, elaborado por el CGPJ, a 1 de enero de 2022 en España había 5.408 jueces y magistrados en activo, de los que 3.029 son mujeres, lo que supone una mayoría del 56% frente a sólo 2.379 hombres. La edad media de estas mujeres es de 52,8 años, con lo que, a la muerte de Franco, la juez media española tenía 5 ó 6 añitos. O sea, que el juez medio español es una mujer que no ha vivido el franquismo, pese a que las podemitas acusan a la Justicia de ser machista y franquista.

Las responsables de la elaboración de este engendro legal son la ministra Irene Montero, que tiene un grado en Psicología y disfrutaba de una beca para hacer su tesis doctoral cuando ascendió como un cohete hasta los puestos de responsabilidad en Podemos, con un currículum en el que tan sólo figuraba su experiencia como cajera de una cadena de electrodomésticos. La número 2 de su ministerio, Ángela Rodríguez, Pam, es una amiga de Irene Montero con un grado en Filosofía que, sin experiencia laboral ninguna, fue aupada como Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Y la terna la completa la que fuera diputada por Podemos, Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género y juez en excedencia, que aprobó su oposición con casi 30 años. Estas tres, con estos currículums, son las que están mandando a estudiar a las más altas instituciones judiciales españolas cuando las acusan a ellas por lo que está ocurriendo con las rebajas de las penas de los condenados por abusos sexuales.

El problema en Podemos es congénito. El partido nació y creció por el empuje de un Pablo Iglesias que previamente había sido promocionado por varios medios de comunicación que lo llevaban a todas sus tertulias y lo paseaban por sus platós de televisión. Con la ayuda del gobierno teocrático de Irán, que patrocinó sus plataformas de comunicación, y de los narcodictadores venezolanos, que lo financiaron «para crear en España fuerzas políticas aún más afines al Gobierno bolivariano», se fundó Podemos como un partido vertebrado alrededor de la figura mediática de Pablo Iglesias, quien desde entonces lo ha decorado con la apariencia de democracia interna y participación ciudadana cuando, en realidad, ha manejado su partido siguiendo el modelo mesiánico tan común en las organizaciones comunistas. Pablo Iglesias ha terminado echando de Podemos a todo el resto de personas que lo ayudaron a crearlo al mismo tiempo que ha expulsado a cualquier persona con talento que pudiera hacerle sombra a él, acabando rodeado de las más sumisas, que lógicamente coinciden con las menos formadas y preparadas.

La escasamente formada Irene Montero se ha rodeado de otras mujeres con tan pocos estudios, pero tan sumisas al macho alfa como ella y Pedro Sánchez las ha aupado a todas a puestos desde los que tienen acceso a un BOE con el que pueden cambiar nuestras vidas a su imagen y semejanza, sin preocuparles ni lo más mínimo los destrozos que su ineptitud cause. Cualquier crítica a su incompetencia será siempre contestada acusando de machismo y franquismo e incluso se atreverán a mandar a estudiar a los expertos que las corrijan, porque lo contrario sería reconocer que el único mérito que han hecho para estar ahí ha sido mostrar sumisión al líder.